Noviembre ´negro´ para la fuerza pública y el país
El asesinato de otros cuatro militares tras el ataque con un “enjambre” de drones cargados con explosivos a una patrulla del Ejército en zona rural de Tibú (Norte de Santander) es un hecho de extrema gravedad, que deja tres situaciones en evidencia.
De un lado, que preocupa el creciente saldo mortal en las filas de la Fuerza Pública. El último informe del ministerio de Defensa señalaba que entre enero y septiembre de este año 88 uniformados perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Noviembre ha sido particularmente alarmante. Al cruento ataque de ayer se suman el asesinato de un patrullero de la Policía en Hato Corozal (Casanare) el miércoles pasado. Ya el domingo en la madrugada otro ataque, esta vez contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, dejó a tres soldados asesinados y más de una decena heridos, tras ser impactados también por drones. Y un día antes, dos soldados profesionales habían fallecido durante combates en Valle del Cauca… No menos graves fueron el secuestro de una subteniente del Ejército en Saravena (Arauca) y los homicidios de dos agentes de Policía, uno en Medellín y otro en Algeciras (Huila).
De hecho, este mes comenzó con un carrobomba activado por las disidencias de las Farc en Planadas (Tolima), que dejó a cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de escasos dos meses de nacida. También hay que registrar el atentado terrorista contra la sede periodística de RCN en Cali y otros ataques a poblaciones, peajes, transportadores e infraestructura, así como más masacres (van 106 este año, la cifra más alta de la última década), secuestros y sicariatos en distintas partes del país.
En segundo lugar, es claro que este delicado panorama de inseguridad y desorden público tiene origen en la forma en que grupos subversivos y bandas criminales están reaccionando a la ofensiva sin cuartel que desarrollan, desde el día uno de la administración De la Espriella, las Fuerzas Militares y la Policía. Una escalada a nivel nacional que, solo en la última semana, comprendió sendos bombardeos en Antioquia y Norte de Santander.
En el primero hubo ocho bajas, entre ellas la de Haminton Mosquera, alias ‘Negro Perea’, del Clan del Golfo por quien se ofrecía una recompensa de $2.018 millones. Y, en cuanto a la acción en Catatumbo, el bombardeo en zona rural de Tibú -el mismo municipio en donde ayer fueron asesinados los cuatro soldados- permitió abatir cuatro integrantes de las disidencias de las Farc y capturar a seis más, entre ellos uno de los jefes conocido con el alias de ‘Barba Chivo’. Ya son, entonces, ocho las operaciones aéreas de este tipo en estos primeros cien días del actual Gobierno.
A ello se suman los megaoperativos contra la delincuencia urbana -con especial énfasis en la extorsión y el microtráfico- que han dejado centenares de capturados en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga en el último mes. Igualmente, cuadrillas del Eln, grupos residuales de Farc, Clan del Golfo o Los Pachenca, así como integrantes de diversas facciones de delincuencia común y organizada han sido duramente golpeados por las autoridades. Decenas de toneladas de droga y un poderoso arsenal fueron incautados, al tiempo que se marca un récord en extradiciones y deportaciones, entre muchos otros resultados.
Todo lo anterior nos lleva a una tercera situación evidente. La única forma de evitar que más uniformados y civiles continúen cayendo a manos de los criminales es fortaleciendo el pie de fuerza militar y policial. Y ello pasa, necesaria y obligatoriamente, por incrementar sustancialmente no solo el presupuesto (incluso en tiempos de apretón fiscal), sino también por activar lo más rápido posible la nueva política de seguridad y orden público.
Se requiere una estrategia más integral desde el punto de vista operativo para recuperar el dominio territorial y la preeminencia de la institucionalidad, factores que la administración de izquierda debilitó peligrosamente con su fallida ‘paz total’. Es vital acelerar la erradicación de narcocultivos y el combate a la minería criminal. De igual manera, urgen reformas al Código Penal para disminuir la impunidad y reincidencia delincuencial, así como la activación de la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia para macrocriminalidad. Todo ello unido a una ampliación carcelaria y el bloqueo efectivo de los delitos cometidos tras las rejas, sobre todo la extorsión.
Finalmente, resulta imperativo implementar el sistema nacional antidrones. Más allá del rifirrafe entre el actual y el anterior gobierno al respecto, es claro que la guerrilla y las bandas le cogieron ventaja a las Fuerzas Militares y la Policía en este campo y ello explica el creciente número de uniformados y civiles asesinados y heridos. Se podría, incluso, acudir a un mecanismo extraordinario para los efectos. Cada día que se pierde en esta prioridad cuesta vidas inocentes.