Colombia bajo fuego

Colombia sigue enfrentando una de las dolorosas heridas de su historia: la violencia derivada de grupos armados ilegales que, lejos de abrazar la paz, insisten en sembrar terror. Recientemente, la nación ha sido sacudida por una escalada implacable de ataques terroristas que no discriminan entre soldados, policías y civiles inocentes. Esta escalada representa un desafío desmontar porque no solo afecta la seguridad inmediata, sino que también mina la confianza, la esperanza y el futuro mismo del país.

Estos grupos criminales, en su afán desmedido por imponer su voluntad, no dudan en asesinar a quienes protegen la ley ni a quienes simplemente buscan vivir en paz. Los ataques a los miembros de la fuerza pública son particularmente crueles, pues son hombres y mujeres que diariamente se juegan la vida en zonas donde el Estado debe ejercer control y orden. Estas emboscadas no solo representan un ataque físico, sino un símbolo de resistencia brutal frente a cualquier intento de justicia y de justicia social en las regiones más golpeadas.

Pero la historia no se limita a los uniformados. Los civiles, esas víctimas inocentes, son los más castigados en esta confrontación desigual. Familias completas han sido desarraigadas, niños privados de su infancia, comunidades enteras empujadas al desplazamiento forzado. La violencia colectiva por parte de estos grupos terroristas no solo hiere cuerpos, sino también almas, proyectando sombras de miedo que paralizan el progreso social y económico.

Cada asesinato, cada atentado, es una herida abierta en el tejido social de Colombia. Esta arremetida criminal rompe hogares y desintegra sueños. La violencia se ha institucionalizado en algunas zonas, causando que generaciones enteras vivan en un estado constante de inseguridad y desesperanza. Esta realidad no puede ser minimizada ni ignorada bajo ninguna circunstancia.

La sociedad civil también tiene un papel fundamental al rechazar categóricamente la violencia y apoyar iniciativas de paz. Solo con un compromiso firme y colectivo será posible cortar de raíz los ciclos de terror y construir un futuro en el que la palabra diálogo supere la del ataque.

Colombia merece un futuro en el que sus ciudadanos puedan caminar tranquilos, donde los héroes en uniforme sean honrados y protegidos, y donde la vida de cada inocente no sea una estadística más, sino un motivo irrenunciable para fortalecer la democracia y la justicia.

¿Qué debe pasar por la mente de un grupo criminal como el de las disidencias de las Farc al enterarse de que una bebé de escasos dos meses de edad fue una de las cuatro víctimas mortales del atentado con una volqueta-bomba perpetrado entre la noche del domingo y la madrugada del lunes festivo?

¿Acaso Juliana, nombre de la bebé que murió junto a su padre en un céntrico sector del municipio de Planadas, en el Tolima, era un ‘objetivo militar’ legítimo en el pensamiento de los guerrilleros del frente ‘Gerónimo Galeano’ de las disidencias, señalados de ser los autores de la acción terrorista que cobró, en total, cuatro vidas de civiles, dejó a diecisiete más heridos y más de una docena de viviendas destruidas o afectadas por la onda explosiva?

¿Si se supone que el objetivo de la acción delictiva era afectar las instalaciones de una base militar y a los uniformados acantonados en la misma, por qué el vehículo cargado con explosivos fue ubicado en una calle de intenso tráfico de civiles que, acorde con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no pueden ser afectados por las partes en conflicto bélico?

¿Si por alguna circunstancia ese no era el lugar en donde se había planeado parquear el vehículo, por qué se detonó si era obvio que la población civil sería la principalmente afectada, más aún en horas en que, por efecto del puente festivo, todavía muchas personas se encontraban en las calles, incluso circulando con menores de edad?

Esos y otros interrogantes más se pueden formular alrededor de lo ocurrido en el municipio tolimense. Las respuestas a cada una de las preguntas formuladas permiten concluir que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetró el atentado terrorista no fueron una equivocación, sino que, por el contrario, se actuó por parte de los criminales con abierta intención de afectar a los civiles. En otras palabras, fue un acto típico de terrorismo y no un ataque válido, a la luz del DIH, a un objetivo militar legítimo en el marco de un conflicto armado interno.

Eso lleva a una conclusión que, lamentablemente, ya se ha evidenciado en otras acciones violentas de los grupos armados ilegales en Colombia, con cada vez mayor frecuencia: acudir a la barbarie como método, sin distinción de posibles víctimas, con armas de afectación indiscriminada y buscando el mayor saldo de muertos, heridos y destrucción de bienes públicos y privados.

Como bien lo señalaron varios expertos, la tragedia en Planadas constituye un delito de lesa humanidad innegable. Una violación flagrante a los más mínimos cánones que rigen los conflictos armados internos. Los autores materiales e intelectuales se exponen, entonces, a penas máximas de sesenta años de prisión. También pueden ser perseguidos por la justicia colombiana como por la internacional, incluyendo la propia Corte Penal Internacional.