Pobre balance en la reconstrucción por el terremoto

Al cumplirse tres meses del terremoto del pasado 10 de agosto, hay varios elementos que analizar sobre la atención a los damnificados y la implementación de las fases de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, reconstrucción y rehabilitación de los daños por el violento sismo de 7,4 de intensidad en la escala de Richter que impactó 500 municipios en 16 departamentos, dejando 335 vidas perdidas, más de 4.500 heridos y alrededor de un centenar de desaparecidos.

En medio del debate alrededor de la atención a los casi 490 mil damnificados, hay algunos elementos objetivos que no se han dimensionado en su justa proporción. El primero y más importante de ellos es el tamaño de la afectación por el violento movimiento telúrico, el más fuerte en el país después del terremoto del Eje Cafetero en 1999.

Se deben aterrizar las cifras. Si bien, afortunadamente, el número de fallecidos fue muy inferior al registrado en otras latitudes con sismos de tan alta potencia, los daños estructurales fueron sustantivos. El último censo oficial de afectación señala que hubo 207.889 viviendas averiadas y 36.478 destruidas, al igual que 5.884 edificios afectados y 591 colapsados. Asimismo, 4.292 instituciones educativas, 441 vías, 119 acueductos, 74 puentes vehiculares y 17 puentes peatonales con daños de distinta índole, también 5 aeropuertos, y muchas redes de servicios públicos a nivel urbano y rural.

A ello se suma que más de 45.000 empresas en todo el país reportaron afectaciones directas en sus operaciones o infraestructura. En tanto que, la afectación en el empleo fue muy grande, tanto en el sector formal como informal, con decenas de miles de plazas impactadas.

Precisamente por todo lo anterior es que hoy, tres meses después del terremoto, no se ha establecido con exactitud cuánto le valió al país no solo la fase inicial de búsqueda y rescate, sino la de atención y ubicación temporal de damnificados. Los niveles de afectación fueron disímiles en los 500 municipios y ciudades impactadas. De allí que hoy los cálculos sobre lo que valdrá la reconstrucción y rehabilitación socioeconómica varíen entre 30, 40 y hasta 60 billones de pesos.

Como se ve, la dimensión de los daños dejados por el terremoto fue muy alta y, por lo tanto, la reconstrucción y rehabilitación física y socioeconómica, en modo alguno, se puede acelerar o improvisar. Hacerlo no solo implicaría una cuantiosa pérdida de recursos invertidos a la topa tolondra, sino un incumplimiento grave a la obligación del Estado de asistir a casi medio millón de damnificados. De hecho, más allá de algunas falencias puntuales, el sistema de atención de emergencias reaccionó adecuadamente en la fase de búsqueda y rescate y luego, con la complejidad propia de una tragedia de estas dimensiones, también lo hizo en la etapa de asistencia a los afectados, entrega de kits básicos, reubicación temporal, asignación de subsidios de arriendo, otras transferencias económicas de emergencia, reactivación de servicios de salud, educación y transporte…

Dada la gran muestra de solidaridad de los colombianos con miles de toneladas de ayuda, fue posible canalizar la recolección y entrega de las mismas en la extensa zona de desastre, proceso que no era fácil.

Ya en lo que tiene que ver con la fase de rehabilitación y reconstrucción, el tema es más complejo. Más allá de la lesiva politización sobre los tiempos en que se estructuró y comenzó a funcionar el fondo gubernamental encargado de este proceso, así como de la canalización de ayudas económicas a través de la fundación de la primera dama, lo cierto es que esta etapa ya está arrancando y eso es positivo.

Dada la magnitud de los daños, esta instancia podría tardar entre uno y dos años, como mínimo. Es más, muchas de las cuantiosas ayudas ofrecidas por el sector privado serán aplicadas durante esta etapa, con proyectos manejados por las propias empresas y sus fundaciones, en coordinación con el Gobierno nacional, departamentos y municipios. No son dineros que le hayan ingresado al Ejecutivo, eso hay que dejarlo claro.

Tiene razón el Congreso al pedir las cuentas, revisar cómo se ha manejado y financiado lo que hasta ahora se ha hecho, con qué recursos -en medio de la aguda crisis fiscal- se dispone para la financiación respectiva y cuáles deben ser los cronogramas para ir cumpliéndole a los damnificados no solo en el tema de vivienda sino en el de reactivación socioeconómica. La Casa de Nariño debe dar las explicaciones respectivas y los entes de control realizar las verificaciones del caso.

Han pasado tres meses desde el sismo y cada acción y peso dirigido tiene que ser vigilado para asegurar su correcta destinación frente a una circunstancia extremadamente crítica, que todavía muchos colombianos no dimensionan lo difícil que será de superar.