¿La ´cacareada´ Seguridad Nacional dónde quedó?
Las denuncias formuladas por el gobierno de Abelardo De La Espriella contra su antecesor alrededor del llamado “escudo antidrones” es supremamente preocupante, sobre todo desde el punto de vista de la política de seguridad y orden público del Estado colombiano.
Tras el ataque terrorista con drones cargados con explosivos, el pasado fin de semana, contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, durante el cual fueron asesinados tres soldados y hubo casi dos decenas de heridos, el país se sorprendió por la controversia entre el actual ministro de la Defensa, general (r) Jorge Mora, y el último titular de la administración Petro en ese cargo, general (r) Pedro Sánchez.
El primero advirtió que el gobierno anterior anunció inversiones por $6,2 billones para implementar un sistema antidrones, “pero dejó un proyecto sin financiación consolidada, viabilidad técnica ni recursos garantizados para su ejecución en 2026”. Además de lo anterior, cuestionó los resultados de las misiones internacionales adelantadas entonces para buscar tecnología. Incluso denunció que las negociaciones se habrían intentado realizar con empresas que no cumplían los requisitos técnicos exigidos.
“Prometieron un Escudo Nacional Antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo. Detrás de las cámaras de televisión no había nada”, afirmó.
A esos señalamientos replicó Sánchez, afirmando que durante los últimos tres años se incorporaron capacidades antidrones a la Fuerza Pública y aunque en 2026 se inició el proyecto estratégico para implementar un sistema de protección de alcance nacional, las evaluaciones técnicas determinaron que ninguna de las propuestas examinadas cumplía integralmente con los requerimientos operacionales del país. Incluso habló de 119 empresas de 21 países que manifestaron interés en dotar a Colombia de esos dispositivos.
De paso, el exministro recalcó que durante la anterior administración hubo avances en la materia, como la creación del Grupo Antidrones del Ministerio de Defensa y del Batallón Antidrones del Ejército Nacional. También mencionó la presentación de un proyecto de ley para regular el uso de estos dispositivos y hasta la expedición de normas, junto con la Aerocivil y la DIAN, para controlar su comercialización. Todo ello unido a la actualización de los procedimientos y entrenamientos de la Fuerza Pública para repeler este tipo de ataques.
Desde distintos sectores nacionales se cuestionó el fondo de esta controversia. De un lado, porque una vez más queda en evidencia lo lesivo que fue para el país que no se hubiera realizado un “empalme” serio y estructurado entre los gobiernos entrante y saliente. Que tres meses después del relevo en la Casa de Nariño se genere esta discusión sobre un tema absolutamente clave para el orden público y la seguridad de uniformados y civiles, raya en lo insólito, claramente.
De otro, en un país en el que los grupos armados ilegales han perpetrado este año más de 350 ataques con drones hechizos y otros de alta tecnología (un hostigamiento cada 20 horas en promedio), generando una gran cantidad de muertes y heridos, así como de daños a instalaciones privadas y públicas, resulta impactante ese cruce de acusaciones entre los mencionados gobiernos, cuando la urgencia debe ser dotar a la Fuerza Pública del equipamiento eficiente para contrarrestar esta violenta y cada vez más extendida estrategia de guerrilla y bandas criminales.
Está demostrado entonces que fueron cuatro años de paulatino, pero certero desmantelamiento de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, acompañado de un sistemático plan en desmedro de la ´cacareada Seguridad Nacional. Pero además, si se escarba mucho más, nos encontraremos con fracasos como el famoso fusil Jaguar y la perdida de miles de armas de fuego. Así como están planteadas las cosas, llama la atención que ningún órgano de control haya asumido lo de su competencia, y la justicia siga mirando para otro lado.