Anulada elección de Guillermo Echavarría como rector de la UPC
El alto tribunal determinó que el exrector no acreditó los cinco años de experiencia académica en educación superior exigidos para ocupar el cargo. La decisión deja en manos del Consejo Superior Universitario la definición de cómo se proveerá la rectoría para el periodo 2026-2030.
La elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030, fue anulada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que encontró que el entonces designado no cumplía con el requisito de experiencia académica exigido para ocupar el cargo.
La decisión quedó consignada en una sentencia de única instancia, proferida el 12 de noviembre de 2026, bajo la presidencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya. Mediante el fallo, la corporación declaró la nulidad del Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, a través del cual el Consejo Superior Universitario (CSU) había designado a Echavarría Gil.
El principal argumento del alto tribunal fue que el aspirante no acreditó los cinco años de experiencia académica en instituciones de educación superior establecidos en el Acuerdo 038 de 2004, modificado por el Acuerdo 016 de 2025.
Según el análisis de la Sala, ese requisito debía estar cumplido al momento de la inscripción de la candidatura, realizada el 26 de noviembre de 2025, en aplicación del principio de preclusión. Sin embargo, luego de revisar las certificaciones laborales aportadas, el Consejo de Estado estableció que Echavarría Gil únicamente acreditaba cuatro años, nueve meses y 11 días de experiencia, incluso aplicando el mecanismo de equivalencia utilizado por la universidad, según el cual dos periodos académicos corresponden a un año.
Otro de los aspectos determinantes del fallo fue la certificación laboral expedida por Uparsistem S.A.S., presentada por el entonces candidato para respaldar su trayectoria académica.
La Sección Quinta decidió no contabilizar ese tiempo, debido a que la entidad pertenece al sector de educación para el trabajo y el desarrollo humano y no al de educación superior, tal como lo certificó la Secretaría de Educación de Valledupar. En consecuencia, esa experiencia no podía utilizarse para completar el tiempo requerido por la normativa universitaria.
La sentencia igualmente encontró acreditados los cargos de falta y falsa motivación contra el Acuerdo 009 del 17 de diciembre de 2025, mediante el cual el Tribunal de Garantías Electorales (TGE) había admitido a Echavarría Gil como candidato a la rectoría.
Para el Consejo de Estado, ese acto administrativo no explicó de manera suficiente cómo se establecieron los seis años de experiencia que le fueron reconocidos al aspirante. Además, dicha conclusión fue desvirtuada por los documentos aportados durante el proceso de inscripción.
La Sala consideró que esa irregularidad afectó posteriormente la legalidad del acto de elección. No obstante, descartó la existencia de desviación de poder, al considerar que ese cargo no fue demostrado por los demandantes.
¿QUÉ PASARÁ AHORA?
Aunque la sentencia anuló el acto mediante el cual fue designado Guillermo Andrés Echavarría Gil, no estableció expresamente si el Consejo Superior Universitario debe reiniciar el proceso electoral o si puede continuar con la selección entre los demás aspirantes que fueron habilitados.
Uno de los demandantes, Álvaro Javier Iglesias Ibarra, había solicitado que la designación se realizara nuevamente a partir de la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 003 del 2 de marzo de 2026, excluyendo a Echavarría Gil. Sin embargo, esa petición no quedó resuelta de manera expresa en la parte resolutiva del fallo.
Por ahora, la decisión ordena archivar el expediente una vez quede ejecutoriada. La definición sobre el mecanismo para proveer la rectoría deberá ajustarse a la normativa interna de la universidad y a las determinaciones que adopte el Consejo Superior Universitario.