¿Hay ambiente para una reforma electoral?
Después de un atribulado primer semestre en el que la atención de la opinión pública se centró en los comicios parlamentarios y presidenciales, y cuando apenas el nuevo gobierno lleva dos meses de gestión, acaba de arrancar el calendario para las elecciones territoriales del próximo año, cuando se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Precisamente por ello es que, desde distintos sectores como el Congreso, los partidos políticos y otras instancias se empieza a abrir un debate en torno a si es necesario abocar una reforma a la legislación electoral con el objetivo de corregir las falencias denunciadas en las campañas de meses atrás, muchas de ellas propias más de la polarización proselitista o desembocando en un alud de demandas en múltiples niveles que no pasaron a mayores.
Consultamos al actual presidente del Consejo Nacional Electoral y a uno de sus antecesores, así como a dos exregistradores nacionales. Se les preguntó si faltando un año para la cita en las urnas hay margen de tiempo para que el Senado y la Cámara tramiten un proyecto de ley o de reforma constitucional que ajuste la normatividad que rige la escogencia de ejecutivos y legislativos departamentales y municipales.
Coincidieron en que si bien es cierto que el Código Electoral data de la década de los 80 y otros ajustes a esa legislación se hicieron a cuentagotas a lo largo de varios gobiernos, el actual conjunto normativo que se aplica a la logística electoral, los estatutos partidistas, los mecanismos de democracia interna de las colectividades, la asignación de avales, los aspirantes por firmas, los delitos contra el sufragio y otras reglamentaciones son suficientes para garantizar unos comicios regionales y locales transparentes, tanto en su parte organizativa como en la citación a las urnas, el escrutinio de los votos y la respectiva información de los resultados.
De hecho, hay que remitirse a los distintos informes de las misiones de observación electoral que estuvieron vigilando los comicios de la primera parte de 2026. Todos coincidieron en que no hubo graves anomalías, fraudes ni afectación a la legitimidad democrática. Ese es un espaldarazo fundamental.
De otro lado, resulta obvio que los tiempos ya no alcanzan para tramitar una reforma electoral vía Congreso, menos si se trata de una modificación constitucional. Incluso, por ser un derecho fundamental, un proyecto de ley tendría que ser de rango estatutario, lo que requiere un mecanismo especial de aprobación en las comisiones y plenarias. En el mejor de los casos una iniciativa de este calado solo sería viabilizada en el primer semestre de 2027, cuando el país ya estará comenzando la recta final de los comicios territoriales y sería absolutamente complicado cambiar las reglas del juego a esa altura de la contienda proselitista.
Finalmente, no puede perderse de vista que, si varios partidos quieren acudir a consultas internas para escoger a sus aspirantes a las elecciones de octubre de 2027, esto tendría que hacerse en junio o julio, lo que significa que no estamos a un año de las urnas sino a escasos nueve meses.