Educación vial: una tarea que empieza en casa

Las estadísticas sobre los accidentes de tránsito en Colombia y particularmente en el departamento del Magdalena, son sencillamente dramáticas y lamentables. Y la primera conclusión es que los colombianos no tenemos educación vial

Es necesario enseñar que las normas no son obstáculos que se deben esquivar, sino acuerdos fundamentales para proteger la vida de todos. Un padre que entrega las llaves de una motocicleta a un adolescente sin las condiciones legales para conducirla está exponiéndolo a un riesgo que puede evitarse. Un adulto que permite que un niño viaje sin protección adecuada transmite un mensaje de indiferencia. Un empleador que presiona a un domiciliario para cumplir tiempos imposibles puede contribuir a crear incentivos para conducir de manera peligrosa. La responsabilidad vial involucra a toda la sociedad y exige revisar las prácticas que normalizan el riesgo.

Las campañas educativas deben abandonar el lenguaje distante y las actividades realizadas solamente para cumplir un calendario. Necesitamos mensajes claros, persistentes y cercanos a la realidad de los ciudadanos. Las historias de las víctimas, los testimonios de familias afectadas y las consecuencias físicas, emocionales y económicas de los accidentes pueden ayudar a comprender que detrás de una maniobra irresponsable existe la posibilidad real de una pérdida irreparable. La educación debe conmover, informar y, sobre todo, transformar conductas.

Las empresas que utilizan motocicletas para prestar servicios, realizar entregas o transportar trabajadores deben asumir un papel activo. Capacitación periódica, mantenimiento preventivo, dotación adecuada, horarios razonables y protocolos para evitar que los empleados conduzcan bajo presión son medidas que contribuyen a reducir los riesgos. La productividad nunca debe medirse a costa de la integridad física de quien trabaja.

También se necesita una conversación pública sobre el uso de la motocicleta como alternativa de movilidad. Miles de familias dependen de ella porque representa una opción accesible frente a otras formas de transporte. Por eso, las políticas públicas deben reconocer esa realidad y ofrecer condiciones para que sus usuarios circulen de manera más segura, sin discriminación ni estigmatización. Proteger al motociclista no significa justificar la infracción; significa reconocer su vulnerabilidad y exigirle, al mismo tiempo, responsabilidad.

La convivencia vial exige recuperar valores que parecen sencillos, pero resultan decisivos: paciencia, respeto, prudencia, solidaridad y consideración por el otro. Ceder el paso, detenerse ante una señal, reducir la velocidad cerca de una escuela, respetar al peatón y evitar una maniobra peligrosa pueden parecer acciones pequeñas. Sin embargo, en la vía pública, esos gestos cotidianos pueden marcar la diferencia entre regresar a casa y no volver jamás.

Santa Marta y el Magdalena necesitan pasar de las declaraciones a un plan de acción concreto, con responsabilidades definidas, presupuesto, cronograma e indicadores públicos. La gravedad de la situación exige una respuesta coordinada y sostenida, no una reacción de pocos días después de un accidente que conmocione a la opinión pública.

Ese plan debe comenzar por un diagnóstico actualizado de los siniestros viales, con datos que permitan conocer cuántas personas han muerto o resultado lesionadas, qué tipos de vehículos estuvieron involucrados, cuáles fueron los factores identificados y dónde se concentran los eventos más graves. La información debe desagregarse por municipio, corredor, horario y tipo de usuario, cuando los registros lo permitan. Sin un diagnóstico confiable es difícil establecer prioridades y medir resultados.

En segundo lugar, deben reforzarse los controles en los puntos y horarios de mayor riesgo. La vigilancia tiene que concentrarse en las conductas que producen consecuencias más graves: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, adelantamientos peligrosos, incumplimiento de semáforos y señales, y otras infracciones relevantes. Los operativos deben ser continuos, transparentes y evaluados por sus resultados preventivos.

En tercer lugar, corresponde intervenir los puntos críticos de la infraestructura. Los diagnósticos técnicos deben orientar las obras y las medidas de bajo costo que puedan ejecutarse con rapidez, sin descuidar las soluciones estructurales que requieran estudios y presupuestos mayores. La señalización, la iluminación, la demarcación y el diseño seguro de las intersecciones no pueden seguir aplazándose cuando existen riesgos identificados.

En cuarto lugar, se requiere una estrategia permanente de educación vial y protección de los usuarios vulnerables. Las escuelas, universidades, empresas, asociaciones de motociclistas, organizaciones comunitarias y medios de comunicación pueden contribuir a construir una cultura de prevención. La participación ciudadana debe ser real, con canales para reportar puntos peligrosos, señalización deteriorada y comportamientos que ponen en riesgo a la comunidad.

En quinto lugar, las autoridades deben publicar informes periódicos que permitan verificar si las medidas están funcionando. Es necesario comparar las cifras con periodos equivalentes, analizar las tendencias y explicar las variaciones. Una disminución sostenida de las muertes y lesiones graves debe ser el principal objetivo; si los resultados no mejoran, la estrategia debe revisarse y corregirse. La rendición de cuentas no puede depender de la voluntad de cada funcionario ni de la presión que ejerza la prensa.

Finalmente, hay que fortalecer la atención posterior a los siniestros, incluyendo la respuesta de emergencia, la coordinación hospitalaria y la orientación a las familias afectadas. Una sociedad que se propone defender la vida no abandona a las víctimas ni reduce su dolor a una noticia pasajera. La prevención, la atención y el acompañamiento deben formar parte de una misma política pública.