Las elecciones que se avecinan
A un año de las elecciones regionales y locales preocupa la baja posibilidad de activar nuevos mecanismos que permitan implementar más controles a la financiación de las campañas.
Está claro que uno de los elementos más notorios del proceso electoral colombiano es la tensión entre el discurso político previo a las jornada electorales y el desarrollo efectivo de las elecciones.
Muy seguramente estará en el eje central de la discusión la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este tipo de cuestionamientos contribuye a crear un ambiente político enrarecido, en el que la confianza institucional parece estar en disputa.
Sin embargo, los colombianos no tragan . Tienen un panorama distinto y saben perfectamente que la casi totalidad de esos señalamientos son falsos, inventados o mezquinos. Esta aparente contradicción entre el discurso político y la realidad institucional sugiere una distinción importante: aunque el diseño institucional del sistema electoral colombiano presenta como en todas las democracias del mundo algunas debilidades, su capacidad operativa y logística sigue siendo relativamente robusta.
De otro lado, no escapa a la discusión y es el CNE cuya principal característica que ha sido objeto de críticas constantes desde la ciencia política y es su naturaleza partidista. Los magistrados son elegidos por el Congreso, lo que implica que los partidos políticos tienen influencia directa sobre el órgano encargado de regular la competencia electoral. Este diseño institucional es el vigente y mientras esté vigente hay que respetarlo. Que no es el mejor, pues ahí está el Congreso para reformarlo.
Es innegable entonces, que uno de los flancos más débiles de la legislación electoral es, precisamente, el referido a la restringida capacidad del Consejo Nacional Electoral y otras autoridades para verificar el origen de los recursos con que se sufragan las actividades proselitistas, así como el reporte real y transparente de los gastos en que incurren los candidatos.
No es un tema menor. Por ejemplo, a la campaña presidencial Petro-2022 el CNE le comprobó graves anomalías y cursa una investigación en la Fiscalía. Asimismo, en septiembre pasado esa entidad citó a indagatoria a los gerentes y contadores de las campañas de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Iván Cepeda y Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna de esa colectividad.
Adicionalmente, hubo muchos aspirantes al Congreso que no reportaron a tiempo sus gastos al portal de Cuentas Claras, así como múltiples denuncias en distintas partes del país sobre campañas que habrían movido cuantiosos presupuestos sin estar clara la fuente de los mismos o si hubo injerencia de redes de corrupción, politiquería, desvío de dineros públicos o aportes de grupos armados ilegales y otras facciones delincuenciales.
Es más, están prendidas controversias en torno a las millonarias sumas dadas a algunos candidatos presidenciales por concepto de reposición de votos. De hecho, ya hay proyectos de ley en trámite para reformar este aspecto.
Frente a los comicios de octubre de 2027, en los que habría alrededor de 130 mil aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, hay propuestas para asegurar la transparencia de la financiación. Por ejemplo, se plantea una bancarización total de las campañas para mejorar el control y trazabilidad de los dineros. Incluso, se pide al CNE usar su facultad de iniciativa legislativa para presentar una reforma en ese sentido.
También se propone modernizar el software del portal Cuentas Claras para que sea más eficaz al recibir información o ser consultado por entes de control, la DIAN y otras bases de datos institucionales para verificar gastos, donantes particulares y origen de los recursos.
Asimismo, se puso sobre la mesa la posibilidad de que al candidato que no haya subido, con corte mensual, su reporte de gastos a Cuentas Claras, se le suspenda la campaña y congele el aval hasta que corrija la anomalía. La sanción podría extenderse al partido o movimiento que lo respalda.
Además de lo anterior, hay quienes reviven la alternativa de una financiación estatal completa de las campañas, esto bajo la tesis de que muchos candidatos hacen trampa y solo reportan una parte de sus gastos, obviamente por debajo de los topes máximos.
Como se ve, si bien la vigilancia a la financiación electoral continúa siendo el principal flanco débil de la legislación sectorial, hay herramientas que podrían activarse para superar ese lesivo y antidemocrático vacío. La pregunta es una sola: ¿hay tiempo para implementarlos en pocos meses?