La ‘Petroparapolítica’
Hace veinte años la izquierda se rasgaba las vestiduras porque el Estado hablara con paramilitares. La ley de Justicia y Paz fue denunciada como impunidad institucional. Iván Cepeda y sus aliados presentaron el Pacto de Ralito como la captura del Estado por el crimen. Hoy, desde el poder, el mismo sector no solo se reunió con los principales excomandantes de las Auc, sino que enfrenta denuncias por los probados ofrecimientos de beneficios carcelarios y procesales a cambio de declaraciones contra sus adversarios políticos.
La contradicción es monumental. Quienes convirtieron la denuncia contra el paramilitarismo en bandera moral deben explicar por qué sus funcionarios buscaron a los mismos excomandantes para hablar de sus adversarios. No es cuestionable escuchar a quienes conocen los crímenes. Lo inadmisible es negociar la utilidad política de sus testimonios. La verdad no puede tener tarifa electoral.
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, en el hotel El Bosque de Valledupar, once exjefes de las Auc, designados gestores de paz, se reunieron con Armando Benedetti, Angie Rodríguez, Víctor de Currea-Lugo y Jorge Lemus. La finalidad anunciada era cerrar Ralito. Rodríguez denunció que Petro y Benedetti habían dado instrucciones para obtener señalamientos contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
Salvatore Mancuso aseguró que delegados gubernamentales les pidieron acusar a esos tres dirigentes para ganar una elección y que los excomandantes se negaron. Petro negó haber impartido esa orden, pero si algo define a Petro es la mentira y andar cómodamente en líneas grises con focos rojos.
El documento de la reunión contemplaba explorar excarcelaciones, condiciones de reclusión, reubicaciones, extradición y acumulación de penas. El documento demuestra por sí solo un intercambio ilícito, y la coincidencia entre beneficios y denuncias sobre solicitudes electorales exige una investigación. ¿Quién propuso qué y a cambio de qué? La respuesta es que el pacto de Valledupar es hijo del pacto de La Picota.
Meses después, De Currea-Lugo contactó a Mancuso por WhatsApp para proponerle una entrevista sobre De La Espriella. Habló de conseguir un “golpe de opinión muy grande” y advirtió: “Sin eso vamos a perder”. Mancuso confirmó los mensajes.
Cepeda no improvisó. Durante más de una década sostuvo su guerra contra Uribe con declaraciones de paramilitares presos. Monsalve recibió barrotes de oro —permisos para emborracharse y beneficios diferenciales— a cambio de testimonios para asesinarlo moralmente. El mismo método de DMG: beneficios por declaraciones que generaran golpes de opinión, amplificados por periodistas aliados. No fueron anécdotas. Fue el procedimiento. Ahora, con Valledupar, pretenden disfrazar de paz lo que ya practicaban. La izquierda que grita ‘parapolítica’ cuando la comete el otro debe explicar por qué, desde las cárceles, ha venido fabricando verdades a medida para ganar elecciones. Esos tratos deben salir a la luz.
Quienes convirtieron la denuncia contra el paramilitarismo en bandera moral deben explicar por qué sus funcionarios buscaron a los mismos excomandantes para hablar de sus adversarios
La justicia no puede convertirse en una oficina de campaña. Los expedientes no se escriben para satisfacer encuestas ni los testimonios se miden por el daño que causen al opositor. El garantismo de Luigi Ferrajoli recuerda que la verdad judicial no depende de las mayorías ni de las conveniencias del poder. Una acusación no se vuelve verdadera porque sea políticamente rentable.
La Fiscalía y la Procuraduría deben esclarecer las instrucciones, los ofrecimientos y las responsabilidades. Investigar no es condenar; mirar hacia otro lado tampoco es prudencia. Si ayer era inadmisible poner la política al servicio de los paramilitares, hoy debe serlo poner a los paramilitares al servicio de la política. La ‘Petroparapolítica’ plantea una prueba decisiva: ¿habrá un solo estándar de justicia o uno para los adversarios y otro para quienes gobiernan?
*Exministro de Estado