Diario del Cesar
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Juez otorgó casa por cárcel a exfuncionaria de la UPC

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El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, sustituyó la medida de aseguramiento de carácter intramural, a una funcionaria de la Universidad Popular del Cesar sindicada de liderar los llamados ‘Grados Express’.

La decisión obedece a la solicitud de la defensa. La procesada identificada María Inmaculada Pinto Cerchar, permanecía presa en la cárcel Judicial por el delito de falsedad material en documento público, y por fraude procesal, acusada de ser la gestora de la idea criminal en la que terminaron inmersos 28 estudiantes de la facultad.

“De conformidad con las estipulaciones de ley, se acreditó con nuevos elementos materiales su condición de madre cabeza de hogar y el juez acogió los planteamientos de la defensa, sustituyéndole la medida de reclusión penitenciaria por la domiciliaria. Ahora estamos a la espera del desarrollo del proceso, que está para la formulación de acusación; pero estamos contentos con esta decisión porque es una restricción menos invasiva para ella, más aún porque lleva varios meses presa”, explicó abogado Hugues Maya, abogado defensor.

Pinto Cerchar fue la única cobijada con la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario durante las audiencias concentradas en las que también fueron procesados nueve estudiantes de la UPC, por los presuntos fraudes en los que incurrieron al, presuntamente, adulterar importantes documentos de la facultad de derecho de esa institución, con el ánimo de obtener los títulos que los acreditaban como profesionales de esa carrera, a pesar de no cumplir a con los requisitos para obtenerlos.

En los argumentos del ente investigativo que expuso en las diligencias anteriores se conoció que la funcionaria habría inducido a varios de ellos a falsificar certificaciones de evaluación de seminarios que eran necesario aprobar para aspirar al título que otorga la institución a quienes cumplen con todos los requisitos para la graduación en esa profesión.

“Esa actividad de convencer y determinar a los estudiantes a consentir la falsificación de los documentos, se le atribuye llevarla a cabo entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en la sede sabana de la UPC. Además, habría elaborado 10 certificaciones de evaluaciones, que posteriormente fueron entregadas personalmente a dos estudiantes, de a cinco documentos a cada uno”, expuso la Fiscalía en las audiencias preliminares.

Las otras personas implicadas en la investigación son identificadas como: Linda Marcela Lúquez, Kelly Fernanda Villero, Yoise Galena García, Damaris Pedrozo, Any Lucellys López, Libardo de Jesús Medina, Eva Astrid Fernández Rodríguez, Atilio Zabaleta y José Mario Meneses Duarte.