Diario del Cesar
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Salario mínimo 2027: aterrizaje en la realidad

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La negociación del salario mínimo para 2027 en Colombia entrará en su etapa decisiva esta semana cuando el Gobierno prevé instalar la mesa tripartita de concertación. Hasta el 15 de diciembre la Comisión tendrá para llegar a un acuerdo, de no lograrlo el Gobierno definirá el incremento mediante decreto. Mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en un planteamiento medio alocado que desdice de la seriedad con la que se debiera abordar el tema, plantea un incremento de 38,5%, equivalente a cerca de $665.000 adicionales, gremios como Fenalco y varios analistas económicos sostienen que el ajuste no debería superar el 9%, unos $158.000, tal vez el más sensato.  Recordemos que la decisión no solo impactará el salario de millones de empleados, sino también variables como la inflación, la informalidad y las finanzas públicas.

Para este 2026, el aumento del salario de este año fue de un 23%, un golpe que se sintió en dos frentes muy duros. Por una parte, sectores como el comercio, los restaurantes, los hoteles y sobre todo las pequeñas empresas, se vieron obligadas a hacer recorte de personal  y otras se pasaron a la informalidad.

La irresponsabilidad del anterior gobierno no tuvo en cuenta el impacto sobre el bolsillo público,  por el gasto de nómina oficial, y en especial, el pasivo pensional. Esto dado que la gran mayoría de las mesadas en el país están atadas por ley al salario mínimo.

Aunque la cifra dependerá de la negociación y las decisiones del Gobierno, se considera que esta debería definirse sobre variables de inflación y productividad laboral.

Desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4%, que es la suma básica de la inflación observada (6,3%) más la productividad laboral (alrededor de 2%). El Banco de la República, estima que por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el gasto fiscal se eleva en un 0.04% del PIB, debido a que parte de la nómina y pensiones están ligadas a este indicador.

Por eso, concluye que el reto de la mesa de concertación será encontrar un equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores, proteger el empleo formal y evitar que el aumento termine diluyéndose en mayores costos para hogares, empresas y Estado.

La comisión tripartita encargada de este delicado asunto, conformada por empleadores, trabajadores y Gobierno, no puede permitirse improvisaciones ni cálculos alejados de los criterios técnicos, sino evaluar sobre la base de las cifras oficiales que se le entregan para sustentar cada decisión y, aunque, obviamente, no pueden desconocerse tendencias ideológicas, se debe debatir con rigor y pensando, sobre todo, en llegar a la cifra que beneficie al país en su totalidad.

Partiendo de la base de $1.750.905 fijada para 2026, la comisión debe examinar la inflación causada y la proyectada, la productividad laboral que calculan el DANE y la subcomisión técnica, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el impacto sobre el empleo formal, la informalidad, los costos de las mipymes y las finanzas públicas. Cada uno de esos factores tiene sustento legal y técnico, en tanto aporta insumos a la discusión que certifican las entidades oficiales encargadas de cada una de estas variables.

En la comisión tripartita, además del Gobierno Nacional, los empleadores y los trabajadores, también participan representantes de pensionados y desempleados, además del DANE y el Banco de la República, como invitados permanentes, sin voto, pero con voz para aportar cifras oficiales, una estructura que debe propiciar el hecho de que la decisión final refleje un equilibrio real y sustentado entre las partes.

Las tensiones son obvias cada vez que esta comisión se reúne, pues los intereses en juego son de alto valor; por eso, lo deseable es que las expectativas de cada uno se atiendan ampliamente, pero sobre bases verificables y no sobre expectativas, presupuestos o prejuicios que luego la economía no pueda sostener. Un salario mínimo que no se ajuste, por lo alto o por lo bajo, a lo que la productividad y el crecimiento permiten, termina afectando el empleo formal, presionando la informalidad y golpeando probablemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la mayor fuente de trabajo en Colombia.

El calendario es otro factor a tomar en cuenta, pues el 15 de diciembre es el primer plazo legal para lograr un acuerdo concertado y el 30 de diciembre es la fecha límite definitiva. Si para entonces no existe consenso entre empresarios y trabajadores, el Gobierno Nacional deberá fijar el salario mínimo por decreto, una posibilidad que, si bien es totalmente legal, no debería convertirse en el objetivo de nadie porque significaría el fracaso del diálogo y el entendimiento.

Por esto, ninguna de las partes debería sentarse a la mesa con una posición intransigente. Los empleadores deben presentar sus cálculos de costos y productividad con transparencia; los trabajadores deben sustentar sus propuestas con cifras de inflación y variables sobre poder adquisitivo, mientras el Gobierno debe actuar como auspiciador del equilibrio entre las partes y garante del bien general; los invitados técnicos, por su parte, deben contribuir con cifras sin sesgos y todo esto debe moverse dentro del plazo legalmente establecido.