Diario del Cesar
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La DNI de Petro, el DAS le quedó chiquito

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En las últimas semanas prácticamente no ha transcurrido un día sin que se denuncien anomalías de alto calibre en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el anterior gobierno. Es tal el cúmulo de señalamientos y tan graves sus implicaciones que muchas voces urgen de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría activar un equipo de investigación interinstitucional y multidisciplinario que no solo se enfoque exclusivamente en este escándalo, sino que, en caso de encontrar mérito, abra los respectivos procesos disciplinarios, penales y fiscales, procediendo a una rápida judicialización de los posibles responsables que evite, por demás, su posible huida del país.

El calibre de lo denunciado es alarmante: la presunta utilización de recursos económicos, humanos y técnicos para tratar de infiltrar el sistema electoral en los pasados comicios y manipular los resultados de las urnas a favor de determinado candidato; posibles órdenes de los altos mandos de la DNI para espiar a dirigentes políticos de la oposición, expresidentes, mandos de la Fuerza Pública, periodistas y hasta embajadas; versiones sobre gestiones non sanctas a favor de cabecillas de grupos armados ilegales incursos en la controvertida y fallida política de ‘paz total’; conjeturas alrededor de un complot orquestado desde altas esferas del Ejecutivo para bloquear investigaciones y remover a personal de inteligencia que venía dando resultados en el combate a la criminalidad; el supuesto uso de sedes secretas de la entidad para actividades personales del entonces mandatario ajenas a su función pública; así como un alud de múltiples y millonarios contratos con beneficiarios y metodología de asignación por demás opaca, acudiendo para ello a una desviación de la funcionalidad confidencial de las labores de inteligencia…

En fin, un rosario de presuntas irregularidades que, incluso, ya a mitad del gobierno Petro habían sido denunciadas. De hecho, no hay que olvidar que una de las cabezas del DNI y mano derecha del entonces mandatario terminó involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al punto que huyó al extranjero.

Visto todo lo anterior, resulta urgente que los entes de control esclarezcan todas estas denuncias. En cualquier otro país asuntos tan delicados ya habrían dado lugar a un escándalo de marca mayor, con apertura de investigaciones ipso facto, capturas inmediatas y la creación de unidades élite para llegar al fondo de todo lo ocurrido. Precisamente por esto último es que desde el Congreso y otras instancias aumentan las voces que advierten de una preocupante pasividad de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría ante el cúmulo de denuncias de las últimas semanas en un área tan sensible.

Incluso, hay quienes exigen que los titulares de esos entes de control se pronuncien ante el país, por ejemplo, en una rueda de prensa conjunta, señalando cuál es el curso de acción en cada una de esas instituciones de vigilancia, cómo operará el nivel de colaboración entre las mismas y cuándo aspiran a entregar los primeros resultados al respecto, ya sea para descartar los señalamientos o informar si hay mérito y acervo probatorio para seguir adelante. Ante semejante escándalo es obligatorio que la opinión pública perciba una postura más proactiva de las autoridades en un tema tan importante como lo es el funcionamiento de los servicios de inteligencia. En la memoria de muchos colombianos todavía está fresco el escándalo de las ‘chuzadas’ del desaparecido DAS, así como las posteriores irregularidades con las plataformas de interceptación de comunicaciones que manejaban varias entidades.

De otro lado, ya son muchas las opiniones de congresistas que señalan la urgencia de revisar la Ley 1621 de 2013, principal marco normativo para garantizar la transparencia de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Dicha legislación dejó en claro, en la década pasada, que la DNI y demás organismos debían enfocarse en las tareas de seguridad nacional y defensa estratégica, acatando los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, sin violar los derechos humanos, el DIH o recolectar información por motivos de raza, género, ideología política, religión u otra razón subjetiva. A la luz del escándalo de los últimos meses, es claro que esta legislación está bajo la lupa. Es más, la mencionada ley creó una Comisión del Congreso para el Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, cuya funcionalidad también ha sido cuestionada en la actual coyuntura, por obvias razones.

Visto lo anterior, la conclusión es una sola: el país exige respuestas, aquí y ahora. No es un pleito más producto de la polarización política imperante. Es un asunto de alta gravedad y debe procederse con igual dimensión. Los entes de control tienen la palabra.