Diario del Cesar
Defiende la región

La realidad salarial ante el populismo

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El populismo y oportunismo político del anterior gobierno le provocó un enorme daño a la clase trabajadora colombiana la cual aun sigue borracha después del decretazo del llamado salario mínimo vital. En esta ocasión la fijación del aumento del salario mínimo para el próximo año recogerá la sindéresis y coherencia que demanda todo aparato productivo. Apartarse de esa premisa muy seguramente impedirá un consenso entre empleadores y sindicatos, lo que llevará a que el reajuste en la remuneración básica se termine fijando por decreto, alternativa que ya no es ninguna novedad ni salida crítica, al tenor de lo ocurrido en la última década.

Partiendo de esa necesaria óptica realista es claro que resulta imposible igualar o acercarse al porcentaje de incremento fijado por el gobierno Petro para este año. Para nadie es un secreto que ese 23,7 % autorizado, superior en más de cuatro veces a la inflación causada en 2025, que cerró en 5,1 %, respondió a una maniobra abiertamente populista de la accidentada y desprestigiada administración de izquierda con miras a influenciar en las elecciones del primer semestre de 2026. Una maniobra que a la postre le resultó fallida, pues no logró las mayorías determinantes que buscaba en el Congreso ni tampoco la reelección de su proyecto político en la Casa de Nariño.

Este no es un hecho menor, pues pone de presente que la opinión pública no es tan manipulable ni ingenua como a finales de diciembre pasado lo creían muchos sectores del petrismo que, tras la caprichosa, sorpresiva y antitécnica alza en el sueldo básico, daban por seguro un triunfo arrasador del Pacto Histórico en las urnas. Sin embargo, gran parte de la masa laboral entendió rápidamente que ese aumento salarial desproporcionado (muy superior a las aspiraciones sindicales en las negociaciones) se convirtió en una especie de ‘regalo envenenado’, tal cual se constató con el incremento crítico de los gastos de funcionamiento estatal (que redundó en un recorte drástico de subsidios e inversión social), un mayor desfinanciamiento de los sistemas de pensión y salud, así como el aumento progresivo de la inflación y las tasas de interés, neutralizando el poder adquisitivo ganado con la subida salarial del 23,7 %.

Por otra parte, es innegable que la situación de la economía en estos momentos no da margen de acción para recaer en el populismo y la irresponsabilidad. El DANE acaba de informar que el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre creció a un cuasirecesivo 0,5 % y el promedio del año corrido se sitúa en un no menos preocupante 2,1 %.

A ello debe sumarse que el Gobierno, sus bancadas, los gremios y la empresa privada están concentrados en estos momentos en buscar salidas viables y objetivas a la grave crisis multisectorial en que dejó a Colombia la administración de izquierda: billonario e inédito déficit fiscal, bomba de tiempo en la deuda pública, costoso boom burocrático y contractual oficial, caída en picada de la inversión extranjera directa y una indomable informalidad laboral. Asimismo, el país asiste a la desaceleración crítica de los sectores intensivos en empleo, derivado esto del enfriamiento del consumo, comercio, industria, campo y otros rubros clave en generación de productos, bienes y servicios. Tampoco se puede desconocer la curva ascendente de empresas emproblemadas por el asfixiante aumento de los costos de nómina (por la disminución de jornada y las reformas laboral y pensional), un marco de inestabilidad jurídica sin precedentes, las notas más bajas en mucho tiempo de las firmas calificadoras de riesgo y una cresta inflacionaria que no da tregua… Y esto sin contar el impacto que puedan tener en las finanzas de las empresas, el empleo y el bolsillo de los trabajadores algunas de las propuestas contenidas en la ley de “rescate económico” bajo discusión.

Es necesario, entonces, que la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que se instaló ayer y ya fijó el cronograma de negociación, tome conciencia de este escenario delicado. Con una inflación anualizada que va en 6,3 % y estimativos de que la productividad empresarial a duras penas sería positiva, resulta ajeno a la realidad plantear reajustes del sueldo mínimo en porcentajes de dos dígitos en adelante. Por el contrario, lo procedente es que el incremento se fije sobre la base del costo de vida causado a noviembre y los demás factores contemplados en la fórmula legal. No hay margen para el populismo de izquierda ni de derecha. El argumento del anterior gobierno en torno a aplicar el concepto del “salario mínimo vital” no tiene piso jurídico objetivo dentro de la legislación interna. De hecho, aún hay tiempo para que el Consejo de Estado, en una decisión pendiente sobre el decreto petrista de marras, zanje esta controversia de una vez por todas.

Como se ve, el pulso por el aumento del sueldo básico para el próximo año arranca con un escenario muy complicado. Si se aplica el realismo sería posible allanar un consenso entre empleadores, sindicatos y Gobierno. Si no es así, la vía del decreto está más que cantada.