Organizar un plan de acción Pro vida
Santa Marta y el Magdalena necesitan unas fiestas de fin de año seguras, con controles efectivos, carreteras vigiladas y cero tolerancia frente a la irresponsabilidad vial.
Se aproxima una de las temporadas más esperadas por los colombianos. La Navidad, el Año Nuevo, los reencuentros familiares, las novenas, las celebraciones populares y los viajes de vacaciones comienzan a ocupar un lugar privilegiado en el corazón de millones de personas. Es tiempo de abrazos, de esperanza, de compartir alrededor de la mesa y de regresar al hogar para encontrarse con los seres queridos. Pero también es una época que exige máxima responsabilidad de las autoridades y de la ciudadanía, porque el aumento de la movilidad, las aglomeraciones, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso irresponsable de la pólvora pueden convertir la alegría en una tragedia irreparable.
Colombia no puede resignarse a que cada diciembre se repita la misma historia: familias destrozadas por accidentes de tránsito, motociclistas que pierden la vida en las calles, peatones atropellados, conductores que desafían las normas, niños lesionados por la manipulación de pólvora y ciudadanos que terminan en los servicios de urgencias por situaciones que pudieron prevenirse. Se necesitan planes integrales, recursos suficientes, personal capacitado, coordinación institucional y presencia efectiva en los lugares donde existe mayor riesgo. La seguridad ciudadana y la seguridad vial no se garantizan con fotografías de funcionarios en las calles, sino con resultados que se traduzcan en menos víctimas, menos lesiones y mayor tranquilidad para las familias.
Santa Marta, capital del Magdalena, debe prepararse desde ahora para afrontar esta temporada con una estrategia que responda a su condición de ciudad turística, comercial y de intenso movimiento vehicular. Durante las festividades aumentan los desplazamientos de residentes, visitantes y viajeros que llegan para disfrutar de las playas, los paisajes naturales, la gastronomía y la hospitalidad de esta tierra.
La administración distrital, la Gobernación del Magdalena, la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Policía del departamento, las autoridades de tránsito, los organismos de socorro y las entidades de salud deben trabajar de manera articulada. Cada institución tiene funciones específicas, pero todas comparten una obligación superior: proteger la vida. La coordinación no puede quedarse en reuniones de despacho ni en anuncios de última hora. Debe sentirse en las avenidas, en los barrios, en las carreteras, en los espacios de diversión y en los corredores turísticos.
La ciudadanía tiene derecho a disfrutar unas fiestas tranquilas.
No olvidemos que uno de los mayores desafíos de la temporada de fin de año está en las vías. Colombia necesita una ofensiva preventiva contra los siniestros viales, especialmente durante los puentes festivos, los días de mayor desplazamiento y las jornadas de regreso a casa. La velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol, las maniobras peligrosas, el adelantamiento indebido, la distracción con teléfonos celulares y el incumplimiento de las normas son comportamientos que ponen en riesgo no solamente a quien los protagoniza, sino también a pasajeros, motociclistas, ciclistas y peatones.
Las autoridades de tránsito deben desplegar controles permanentes, estratégicos y basados en el riesgo. Es necesario verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos, las condiciones de los neumáticos, el funcionamiento de las luces, el uso de cinturones de seguridad y cascos certificados, el cumplimiento de las normas de transporte público y las condiciones de descanso de los conductores de servicio intermunicipal y de carga. Los controles de alcoholemia deben realizarse conforme a la ley, con rigor y sin privilegios. Ningún conductor puede sentirse autorizado para poner vidas en peligro por el simple hecho de estar de celebración.
La vigilancia también debe ser inteligente. Los puestos de control tienen que ubicarse en corredores con antecedentes de siniestralidad, accesos urbanos, zonas de rumba y sectores donde los vehículos suelen desarrollar velocidades peligrosas. Los operativos deben cubrir horarios diurnos y nocturnos, con especial atención a las madrugadas, cuando el cansancio, el alcohol y la disminución de la visibilidad pueden incrementar los riesgos. La presencia institucional debe ser visible, pero, sobre todo, debe tener capacidad real para prevenir, detectar y corregir comportamientos peligrosos.
Las campañas pedagógicas son indispensables, pero no pueden sustituir la aplicación de la ley. A quien conduce responsablemente se le debe proteger; a quien incumple deliberadamente las normas y amenaza la vida ajena, se le deben imponer las sanciones correspondientes. La autoridad debe actuar con firmeza, dentro del marco legal y sin arbitrariedades. La prevención, la educación y el control son herramientas complementarias, no alternativas entre las cuales se pueda escoger una y abandonar las demás.