Luego de tres días de diálogo con representantes de las comunidades mineras en el Bajo Cauca, el Gobierno Nacional y las partes llegaron a un acuerdo para levantar el paro minero iniciado desde el pasado lunes, 21 de octubre, en varias zonas de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Chocó, Bolívar y Santander.
De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que lideró las conversaciones con los voceros de la pequeña minería y la minería informal, el acuerdo contempla 13 puntos claves que ofrecen garantías para la formalización sostenible de estas actividades, así como el apoyo del Estado para implementar el uso de tecnologías limpias, en el marco de la descarbonización y en desarrollo del territorio del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca.
Según los líderes del paro nacional, el nuevo pleito entre los mineros y el Gobierno se derivó por el Decreto 1035 de 2024 del Ministerio de Defensa, que le dio facultad a la Fuerza Pública para “ejecutar medidas de destrucción, inhabilitación o neutralización de la maquinaria pesada”, cuando estas sean utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin título minero.
También, por el Decreto 044 del Ministerio de Ambiente que establece medidas para determinar cuáles zonas pueden ubicarse dentro de las reservas de recursos naturales.
Conviene mencionar que, este conflicto se remonta muchos años atrás, ya que, una gran parte de la minería en Colombia se desarrolla de manera informal. Esto genera inseguridad laboral, falta de acceso a beneficios sociales y una mayor exposición a riesgos.
A lo anterior se le suma la presencia de grupos armados ilegales en estas zonas estratégicas, donde suelen ejercer presión sobre los mineros a través de la extorsión, lo que reduce sus ingresos y genera un clima de inseguridad.
En ese sentido, el ministro Camacho aseguró que, este acuerdo busca avanzar hacia una minería para la “paz y la vida que proteja a las comunidades y los territorios”, y garantice una efectiva participación en las zonas con aptitud para la minería.
Decreto 1035 de 2024
Uno de los puntos claves es la creación de un protocolo para la garantía de los derechos humanos en el marco del Decreto 1035 de 2024. Conforme a lo establecido, la metodología para crear este protocolo será discutida con el Ministerio de Defensa en reunión prevista para el próximo 5 de noviembre.
“El modelo que hemos heredado de la minería, pues ha marcado una línea divisoria entre la legalidad y la legalidad. Nosotros estamos en la persecución de las mafias en la minería para sacarlas de estas actividades que es el gran propósito, pero en medio hay comunidades de pequeños mineros que utilizan la maquinaria de baja escala porque les permiten mejorar su productividad y que en el proceso de normalización toda esa maquinaria tiene que ser registrada y regularizada, así que hace parte del proceso de formalización minera y, no hemos tocado el Decreto 1035 que permite que se desarrollen operativos para perseguir la minería criminal y lo que estamos haciendo es dar garantías para que todo eso que está ahí en medio pueda ser regularizado y es parte del acuerdo que hemos logrado con los mineros”, explicó el funcionario.
Decreto 044 del MinAmbiente
Con relación al Decreto 044, que ha reducido significativamente las áreas disponibles para la agricultura, limitando las posibilidades de cultivo y pastoreo de los campesinos, así como la minería a gran escala, el ministro comentó que la ley de reservas temporales se trabajará con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad:
“Sabemos hay unos lugares del país donde se entregaron títulos mineros o incluso actividades mineras con anterioridad y este decreto lo que busca son los criterios para poder ir reservando y trabajando en esos ecosistemas estratégicos. Como es de carácter general, lo que quedamos es que los temas particulares se van a discutir con la ministra Susana antes del 5 de noviembre una vez salgamos de la COP16. Yo conversé con ella para que pudiera recibir una delegación de los mineros que le planteen directamente estas preocupaciones y podamos definir una ruta de trabajo”.
Por su parte, los campesinos de los páramos de Norte de Santander, Santander y Boyacá que se unieron al paro, abogan que estas restricciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades, al limitar su capacidad para producir sus propios alimentos.
Puntos claves del acuerdo minero
Dicho acuerdo contempla temas como los procesos de formalización minera, el control de la maquinaria amarilla, la delimitación de páramos, el reconocimiento de las comunidades campesinas y de pequeños mineros en estas zonas, quienes tienen derecho a su reconocimiento:
- Implementar una estrategia para diferenciar entre la minería con potencial de formalización y regularización y la extracción ilegal de minerales.
- Acordar un protocolo para garantizar los derechos humanos en el marco del Decreto 1035 de 2024.
- Ejecutar medidas para facilitar el registro y la verificación de los mineros que buscan la formalización o la regularización.
- Si una unidad minera registrada se encuentra en un área que se superpone con un título minero, la Agencia Nacional de Minería informará al Ministerio de Minas y Energía para que puedan iniciarse procesos de mediación y se puedan desarrollar propuestas para incentivar a los titulares del título a permitir la formalización en sus tierras.
- Se realizará una reunión entre el Coordinador Nacional de Minería y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el Decreto 44 de 2024.
- El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería promoverán el acceso de los mineros a los servicios financieros, los programas de incentivos y la regularización tributaria para que puedan desarrollar tecnologías limpias y de bajo carbono y acceder a mercados con valor agregado.
- En el Distrito Agrominero y Pesquero de la subregión del Bajo Cauca de Antioquia, se garantizarán espacios de participación para que las organizaciones sociales de base puedan ser miembros de la Mesa Interinstitucional con garantías y capacidad de decisión.
Por último, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior harán seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
/CaracolRadio