El silencio sobre los permisos para el porte de armas
El galimatías para otorgar permisos especiales en el porte de armas no lo han podido poner en práctica en las unidades asignadas para tal tarea por el Ministerio de Defensa. Recordemos que el 24 de diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque expidió un decreto en el cual ratificó una política de suspensión de permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional para el año 2019. Y dispuso que el Ministerio de Defensa impartiría los lineamientos y directrices para la expedición, por parte de las autoridades militares competentes, de permisos especiales y excepcionales que, por razones de urgencia o seguridad, se les extienda a algunas personas.
El pasado 18 de febrero el Ministerio de Defensa expidió la Directiva 06 de 2019, en la que fija los requisitos que deben cumplir las unidades militares encargadas de expedir las autorizaciones especiales, que serán documentos adicionales a los permisos de tenencia y porte. Las autorizaciones especiales serán otorgadas por un Comité Evaluador siempre y cuando el solicitante acredite, entre otros requisitos, las circunstancias de urgencia y necesidad para obtenerlo. Las unidades militares deberán pedir información sobre antecedentes del solicitante y obtener documentación de las fiscalías seccionales y de la Sijín.
No sobra recordar que están vigentes las normas del Código penal sobre porte ilegal de armas, y que también está penalizada, para quienes aún siendo titulares de permisos -el llamado salvoconducto- las usen de forma no permitida o disparen al aire sin justificación.
Son válidas las preocupaciones sobre el uso de armas de fuego en una sociedad violenta, máxime cuando las cifras indican que buena parte de los delitos y los daños contra personas y bienes son causados con armas de fuego no amparadas. También preocupa que a grupos que actúan en la delincuencia les es perfectamente indiferente cualquier tipo de reglamentación o limitación, pues con ellas o sin ellas siguen campando a sus anchas. Ni los delincuentes ni las bandas requieren permisos para cometer sus crímenes. De allí la demanda ciudadana para que las autoridades extremen el control, despojen de las armas a quienes no tienen por qué tenerlas y aseguren que los ciudadanos puedan, en efecto, gozar de la protección que a su vida, integridad y bienes la Constitución y las leyes les prometen.
Muchos sectores del aparato productivo del país, como los ganaderos, agricultores,. Hacendados y comerciantes. Han pedido reclamando del gobierno que se les permita el uso y porte de armas de defensa personal en vista que en sus regiones han aumentado los delitos y la delincuencia común y organizada los tiene contra la pared.
El Ministro de Defensa no ha querido responder de manera directa las denuncias que se hacen por cuanto ello sería aceptar que evidentemente las percepciones de inseguridad que golpea a buena parte del territorio nacional, son ciertas y es el mismo gobierno el que se quiere encargar del ´tapen, tapen, tapen´, cuando la realidad es muy diciente y contundente. El campo está nuevamente en poder de los grupos armados ilegales, hay poca presencia de la fuerza pública, y delitos como el secuestro, la extorsión y boleteo están a la orden del día. Y mientras tanto los sectores afectados siguen esperando respuestas.