Preocupantes las alertas lanzadas por las autoridades y comunidades de Córdoba en torno a las demoras en el apoyo y giro de recursos desde el gobierno nacional central para los damnificados por la ola invernal en ese departamento, así como para los proyectos y programas de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas por las inundaciones al comienzo del año, que dejaron cuantiosas pérdidas en infraestructura, vivienda, vías, agroindustria y actividad económica.

La alarma no deja de llamar la atención puesto que, se supone, en la segunda semana de febrero el Gobierno declaró un estado de emergencia económica, social y ambiental con miras a recaudar alrededor de ocho billones de pesos para sufragar la atención a la crisis generada por los frentes fríos y las lluvias intensas no solo en Córdoba -la región más afectada-, también en Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Aunque ya comenzaron a recaudarse recursos por vía de los decretos dictados al amparo de esta emergencia, especialmente los relativos al impuesto al patrimonio o la sobretasa a las ventas brutas de las generadoras eléctricas, las autoridades y comunidades de Córdoba y el resto de regiones golpeadas no han visto reflejado esos presupuestos extraordinarios.

La incertidumbre en esos departamentos es mayor porque hay riesgo de que el decreto matriz de la emergencia sea declarado parcialmente inexequible en el proceso de revisión de la Corte Constitucional que está en curso, y también porque algunas autoridades regionales y voces parlamentarias advierten que el Gobierno no estaría focalizando efectivamente los dineros recaudados hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sino utilizándolos de forma subrepticia para paliar las afugias presupuestales derivadas de la aguda crisis fiscal que arrastra.

A lo anterior se suma que está bajo la lupa, en el mismo alto tribunal, el decreto que permite la contratación directa bajo el estado de emergencia, ya que da lugar a riesgos de corrupción y politiquería en plena época electoral.

Tanto en Córdoba como en otros departamentos los gobernadores y alcaldes se han visto forzados a utilizar recursos de sus escasos presupuestos ordinarios para financiar la ayuda a los damnificados y otros programas de reconstrucción física y socioeconómica en las áreas afectadas. Aunque se han desarrollado muchas reuniones entre instancias regionales y nacionales, el ritmo del giro de los apoyos humanitarios y económicos, así como el desarrollo de los proyectos, continúa siendo extremadamente lento, con el agravante de que está a punto de comenzar la primera temporada invernal del año.

La Sala Plena de la Corte Constitucional prevé votar en los próximos días sobre la viabilidad   después de la revisión técnica de los argumentos presentados si es viable o no. El eje del debate se concentrará en si el contexto de la actual emergencia invernal amerita excepciones a las reglas vigentes de contratación pública y en establecer los parámetros bajo los cuales el Ejecutivo puede aplicar mecanismos extraordinarios, resguardando los principios constitucionales y el manejo de recursos estatales de gran envergadura.

El resultado de la votación en la Corte podría redefinir el modelo para la gestión de futuras crisis y delimitar el alcance de las facultades excepcionales del Gobierno en situaciones de calamidad. El desenlace será observado cuidadosamente por autoridades regionales, productores y organismos de control, ante la posibilidad de repercusiones sustanciales en la administración de emergencias y la vigilancia del gasto público.

De igual forma, la determinación que adopte el alto tribunal sentará la pauta sobre si el Estado continuará permitiendo flexibilidad en la atención a emergencias o reforzará los controles para proteger el patrimonio público en tiempos de crisis.