La ´parranda´ vallenata
Tan sabrosa es esta manifestación del folclor costeño que ha trascendido a lo nacional convirtiéndose en una identidad propia de nuestro jolgorio que no debe faltar al momento de una celebración alegre y tropical. La ´parranda´ vallenata hace parte de nuestro ADN Caribe, de nuestra idiosincrasia y es un ícono en un catalogo cultural. Hasta ahí, todo bien. Pero es una vergüenza que la ´parrada´ vallenata sea asociada ahora con una parranda de criminales que se han puesto de burla un sistema penitenciario permeable hasta el tuétano por la corrupción con la aquiescencia de un gobierno que no oculta ni hace el más mínimo esfuerzo por disimular su asociación con los delincuentes con propósitos inconfesables, pero amparados bajo el rótulo y antifaz de la siniestrada política de la Paz Total.
El tardío y confuso proceso que pretendió resucitar el gobierno con el grupo que fue bautizado como el ´tarimazo de la Alpujarra´, no es más que una asociación supra terrorífica de criminales, en Antioquia, que registra un interminable legajo de condenas y cuya mayoría de integrantes está en prisión, gracias al ejercicio legítimo de la autoridad, volvió a despertar profundas sospechas. Tanto en el país como el exterior.
Fue tal la indignación nacional, a raíz del levantamiento de órdenes de captura y excarcelaciones a la bulla de los cocos y sin rigor, para sus miembros, que la fiscal Luz Adriana Camargo no tuvo más remedio que reinstaurarlas e impedirlas respectivamente. Y adoptar la misma decisión frente a otras bandas del crimen organizado, en Quibdó y Buenaventura, al igual que los remanentes de las Farc comanda-dos por alias “Calarcá”. Lo cual puso en tela de juicio, de inmediato, las llamadas conversaciones de paz. Con sus estrepitosas y huecas consignas, tan reiterativas.
No es para menos, cuando la característica del accidentado experimento de sometimiento judicial ha sido la falta de soporte y claridad: una espesa nube en la nación. Para no hablar de la ausencia de un sentido mínimo de planificación, del aprovechamiento de los ceses de fuego -que han dejado a la Fuerza Pública a trasmano- y de la total carencia de hechos encaminados a proscribir la dirección criminal desde las cárceles. Además, después de cuatro años de improvisación, adobados con espectáculos de la índole desafiante del “tarimazo” y al filo extemporáneo de cumplirse el período presidencial.
Por lo que, sin recuperar el monopolio de las armas en manos esta-tales, noción que a fuerza de su evasión acostumbrada más parece un disparatado anacronismo, ni lograr un ápice de seguridad y proteger a los habitantes en el territorio, como es deber, resulta apenas natural que quienes todavía creen en el sistema democrático de orden y libertades colombiano hubieran visto en esto, complacencia suma, interpretación anómala y desarticulada del ordenamiento, y extralimitación de las potestades gubernamentales. En síntesis, secuelas de lo que en la campaña de 2022 se conoció como el “pacto de la Picota”. Y que hoy es notorio empeño de prolongar, entre la Casa de Nariño y su tenaza continuista, en la liza por la jefatura del Estado.
No tenía, por supuesto, más alternativa la fiscal. No podía, claro, pasar de largo y darse por desentendida de la transgresión. Por más del “choque de trenes” o tensión con el Ejecutivo que algunos pretenden derivar de su conducta, nada hay en ello diferente a mantener la vigencia de las instituciones. Quizás estos mismos se sorprendan con aquello que es rutina, pero que algún día habrán de entender como la serena e impostergable acción de la ley: fundamento social. Lo que, por su parte, no es tradicional en sectores del país siempre dados a buscar calenturas que no están en las sábanas.
A estas alturas no se sabe aún la suerte de los procedimientos asumidos por el gobierno, puesto que por lo pronto han sido rechazados por la fiscal, a partir de incisos que, sin embargo, dejan perentoriamente en claro que no es posible adelantar tratativas de este tipo si no están complementadas, al mismo tiempo, con la diáfana intención y actos dirigidos a dejar de delinquir. Por su parte, también sostuvo que están afectados por evasiones o improcedencias de la técnica legal.
En todo caso, en lo corrido de este cuatrienio, la constante ha sido una supuesta política de paz que se resquebrajó a pedazos y nunca se supo bien de que se trataba, aparte de generar suspicacias permanentes. Desde el mismo 31 de diciembre de 2022, cuando el gobierno recién estrenado emitió un decreto, incorporando un cese bilateral de fuegos sin la obvia consulta con la contraparte, en este caso el Eln, fue fácil deducir los enormes vacíos que se tenían al respecto. Y que en 44 meses se han repetido sin cesar, mientras, en cambio, el país se ha visto desprovisto de una política de seguridad a tono con la magnitud de los desafíos y una política antidroga tan inconsistente como que llevó a la cifra extravagante de producir mil toneladas métricas de cocaína anuales, con los cultivos ilícitos en apogeo, y a exportar un rubro inconcebible del alcaloide. Seguramente, pese su agonía, pero su inocultable decisión de incidir en las elecciones, el gobierno insistirá. Mejor dicho, naufragar con impenitente terquedad y no aprender, aunque sea una brizna de los propios y mayúsculos yerros. Y para ´coronar´ quedó en evidencia lo que el país conoce ahora como la ´parranda´ vallenata de la que quien va ganando las encuestas no quiere saber nada, afirmando además en forma categórica que los colombianos no esperen de él, ni una sola palabra contra la supuesta paz que solo existe en su imaginario y en el de su Jefe.