Estado pidió perdón por asesinato del optómetra Sánchez
El 13 de septiembre de 1993, luego de haber sido seguido durante varios días, el médico optómetra Édgar José Sánchez Duarte recibió tres disparos de arma de fuego mientras se encontraba en las afueras de su domicilio en Valledupar, frente a su esposa y sus dos hijos.
Según la investigación, agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejercito Nacional (Unase) acabaron con la vida del galeno.
Reza en el expediente que los vecinos anotaron la placa del carro de los sicarios, por lo que se estableció que era un vehículo asignado a dicha unidad. El mismo carro regresó días después a preguntar por la familia, lo que generó el exilio a otra ciudad.
Por este crimen ocurrido hace 27 años, y sin avances en justicia ordinaria, el Estado pidió perdón.
Lo hizo a través de un Acto de Reconocimiento de Responsabilidad, vía virtual, justo el día en que la víctima cumpliría años (el pasado 3 de diciembre).
El mismo se llevó a cabo en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa (ASA) suscrito por el Estado y la familia de la víctima el pasado 14 de julio en la ciudad de Bogotá, con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ese organismo internacional recibió una petición el 1 de febrero de 2007, en la que se alegaba la ejecución extrajudicial del señor Edgar Sánchez Duarte, por miembros de la Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejercito Nacional (“UNASE”), en la ciudad de Valledupar del departamento del Cesar.
Los peticionarios alegaron la responsabilidad internacional del Estado Colombiano, por los hechos que rodearon la muerte del señor Sánchez Duarte, así como la falta de investigación y esclarecimiento de los mismos.
El 7 de julio de 2018, la Comisión declaró admisible la petición mediante el Informe de Admisibilidad No. 81/18, en el cual concluyó que era competente para examinar las presuntas violaciones en relación de los artículos 4 (derecho a la vida), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con sus artículos 1.1 y 2.
El 23 de mayo de 2019, las partes suscribieron un acta de entendimiento para iniciar la búsqueda de un acuerdo de solución amistosa—ASA, posteriormente materializado con la firma del acuerdo el 14 de julio de 2020, en la ciudad de Bogotá.
El acuerdo de solución amistosa suscrito, contiene importantes medidas de satisfacción como lo son: i) el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpas Públicas con la participación activa de los familiares y los representantes de las víctimas, así como, representantes de las entidades del Estado; ii) las medidas de rehabilitación la atención médica, psicológica y psicosocial para proporcionar un tratamiento adecuado, oportuno y prioritario a los familiares de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud; iii) el Otorgamiento de una Beca de Estudio con el objetivo de financiar la educación universitaria del hijo de la víctima; iv) la compensación económica a los familiares de la presunta víctima.
En el evento virtual, liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se pudo observar un vídeo con la biografía de Édgar José Sánchez Duarte.
Angélica María Sánchez Uribe, hija del doctor Sánchez Duarte, en una intervención conmovedora, lo describió como “un ser íntegro, maravilloso, excelente hijo, que cada mañana al sin importar, acompañaba a sus padres al empezar el día; hoy ellos están a su presencia, viendo cada paso que damos y cada lucha que iniciamos”.
¿QUIÉN ERA EL OPTÓMETRA?
El acto dio cuenta que Sánchez Duarte se graduó como optómetra en 1977 en la Universidad de la Salle en Bogotá y luego de ello regresó a su Valledupar natal donde, con apoyo de sus padres, montó un consultorio.
Sus estudios bachilleratos los realizó en el colegio nacional Loperena de la capital del Cesar donde se graduó como bachiller Coltejer en 1968.
Durante el ejercicio de su profesión brindaba sus servicios en brigadas de salud gratuitas con las Fuerzas Armadas; fue policía cívico y se hizo amigo del comandante del batallón La Popa del Ejército Nacional, general Eduardo Camelo Caldas, quien luego retiró de esa unidad militar a las personas señaladas de este crimen.
CONDENAS POR ESTE CASO
El 31 de julio de 1994, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio a un soldado retirado del Ejército Nacional. Este uniformado confesó que había conducido el mencionado carro y señaló al comandante mayor de la Unase (quien estuvo detenido) y a otros dos militares por la autoría del crimen, pero el caso prescribió.
De la víctima se llegó a decir que era integrante de la guerrilla, sin más que rumores.
El 18 de junio de 2003 un juzgado dictó otra condena al sargento Jesús María Mahecha. Entre tanto, la familia impulsó dos demandas de reparación en la justicia administrativa. La primera interpuesta por la exesposa de Sánchez Duarte y su hija Angélica María Sánchez Uribe quienes llegaron a una conciliación con el Ministerio de Defensa y fueron reparadas. La segunda, la entablaron los padres y hermanos del optómetra, pero a ellos, así como su segunda esposa y el hijo nacido de esa relación, la justicia les negó en segunda instancia la indemnización asegurando que la condición militar de los involucrados en el caso no conducía automáticamente a concluir que habían actuado en calidad de agentes del Estado.
Con el caso admitido en la CIDH, las partes lograron llegar a un acuerdo que le evita a Colombia una eventual condena internacional. Esta solución amistosa implica que el Estado reconoce su responsabilidad por la violación al derecho a la igualdad y el derecho a la protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Estado pide perdón y que el Ministerio de Salud deberá otorgar atención médica, psicológica y psicosocial a los familiares de la víctima. Y el Ministerio de Educación deberá otorgar una beca a uno de los hijos de la víctima que no fue objeto de reparación por la justicia interna, para un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario.
Además, el Ministerio de Defensa deberá indemnizar los perjuicios morales que se lleguen a probar por las violaciones reconocidas en la solución amistosa.