Las balas pérdidas, tragedia sin fin
Son escalofriantes las estadísticas sobre la muerte de personas a consecuencia de las llamadas ´balas pérdidas´, que de pérdidas no tienen nada, sino de la irresponsabilidad con la que criminales en potencia emplean las armas casi que por deporte sin importarles el riesgo que se corre en acabar con una vida de un ser inocente. En los cuarenta días que han transcurrido en 2019, al menos siete personas han muerto por causa de balas perdidas en el país. Los dos últimos casos: un joven cantante que cayó en medio de una balacera propiciada por un asalto en Medellín conocido como Legarda; y una menor de 16 años que terminó como víctima de una riña entre dos hombres en Floridablanca (Santander).
Con esta cifra no sólo se está comenzando el registro de una estadística que en 2018 estuvo próxima a los 200 muertos, la segunda más alta de esta década, después de la reportada en 2011 que alcanzó las 215 vidas perdidas. Ello nos refleja que estamos frente a una durísima realidad de violencia que viven los ciudadanos sin olvidar que Colombia está entre los cinco países en que más personas mueren por armas de fuego en el mundo.
Todo lo anterior viene como anillo al dedo a raíz de las múltiples solicitudes que tiene el Gobierno nacional en el sentido de flexibilizar el porte de armas de fuego en el país. Sus defensores dirán que a los irresponsables les caiga todo el peso de la ley y además, lo excepcional no puede generalizarse, ya que la solicitud del porte se ha pedido para actividades específicas que vienen siendo golpeadas por el crimen y la delincuencia organizada, caso concreto el gremio de los ganaderos. Todas las observaciones que se hagan para nosotros son válidas. Hay razones de parte y parte, pero no podemos desatendernos en que lascifras no mienten y resultan muy aterradoras cuando solo para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, más de 33 mil personas han muerto por la acción intencional o accidental de armas de fuego en Colombia. Ese volumen no sólo le imprime esa condición de problema de salud pública, sino que además le impone un altísimo costo social y productivo al país, pues en el 90 % de los casos está afectando a la población menor de treinta años y, más grave aún, a uno de tres colombianos menor de 18 años. Es decir, menores de edad.
Pese a la distinta naturaleza del problema, resulta evidente que la tenencia de armas no sólo facilita la comisión de los delitos. También puede convertirse en un incentivo para resolver las diferencias aplicando justicia por sus propias manos.
Ahora bien, lo que si nos queda claro es que muy a pesar de que hay penas severas para esta clase de comportamientos, se requiere una dosis de civismo por parte de la misma comunidad para que en estrecha cooperación con las autoridades denuncien de manera oportuna cuando un desadaptado emplea de manera irresponsable y criminal su arma de fuego solo por deporte.
Antes se tenía la creencia de que solo en la Costa se tenía esta nefasta práctica de los ´tiros al aire´, y como hemos podido observar ello se ha regado por toda la geografía nacional, hasta el punto de que las víctimas que se han presentado este año los hechos han ocurrido en el interior del país.
Algunos son de la opinión de que se endurezcan las penas del porte ilegal de armas y otros que se apunte más bien a prohibir de manera definitiva la tenencia que es hacía donde apunta esta clase de comportamientos. Y aquí es donde debe darse el debate, por cuanto mientras Indumil siga fabricando armas y alimentando en buena parte el presupuesto de las Fuerzas Militares, no puede darse el Gobierno golpes de pecho con decir que el porte sigue restringido ylas excepciones son rigurosas para quienes demanden la autorización. El uso de un arma de fuego en el patio de una casa disparando su propietario al aire resulta tan letal como cualquier delincuente que en la calle la emplee para atracar o matar.
No olvidemos que perseguir el porte ilegal de armas es necesario por cuanto de manera colateral no hacerlo es permitirle a las bandas de narcotraficantes, organizaciones de bandas sicariales, actuar con mayor facilidad para atentar contra las sociedad y sus instituciones.