El ´tapen, tapen, tapen´ con las  vigencias futuras

Un silencio sepulcral guardan los comentaristas económicos, los áulicos del Gobierno y por supuesto la misma administración frente a un tema delicado que nos merece la mayor importancia, pero que se ha convertido en un tema vedado al que le ha caído el ´tapen, tapen, tapen´.  Nos referimos desde luego al de las vigencias futuras que ha comprometido el Estado por un lapso de 30 años, es decir, hasta el 2048.

A hoy, están comprometidos algo más de $120 billones suma, casi un 10% superior a la que había en el Marco Fiscal a Mediano Plazo presentado en 2018, o sea, hace un año. Los economistas resaltan que ello significa que de cada $100 que tiene el PIB colombiano, $10 están comprometidos en tal asignación.

Una vigencia futura de esta clase nace de una autorización que al Estado le da el Confis para contraer obligaciones dinerarias que afecten presupuestos de ejercicios futuros, es decir, es un permiso especial para que recursos fiscales de vigencias futuras se asignen al financiamiento de un determinado gasto.

Casi el 60% de dichos $120 billones se relacionan con obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa, seguridad y garantía de concesiones. De ellos, el de mayor valor es la primera línea del metro de Bogotá, cuyo costo será una suma semejante al costo total de la primera ola de las concesiones de cuarta generación.

Preocupa lo atados que quedan los gobiernos siguientes y el que tales compromisos recaen sobre los contribuyentes, pues es con dineros entregados por estos al Estado con lo que se pagarán los créditos que se están otorgando en pesos presentes a la Nación.

Usar la figura de las vigencias futuras para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura, o económicos, o sociales, estratégicos para el desarrollo nacional es correcto, de lo que debe tenerse cuidado es del mal uso que pudiere dársele a esta figura.

De allí el ojo avizor que debe haber sobre en qué se va a invertir el dinero, pues si se es laxo en determinar qué gastos plurianuales pueden incluirse para efectos de usar las vigencias futuras, comenzarán a complicarse las cosas en materia fiscal.

Por eso el interés de que sobre este tema se abra el debate y se analice al respecto, pues si bien las vigencias futuras no son perjudiciales, es fundamental usarlas en forma correcta.

De otro lado, este Gobierno nos advirtió que tiene planeado salir de inversiones estratégicas de la economía, como el eléctrico, o el petrolero, como sucede con las acciones de que es propietaria la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), o las que tiene en Ecopetrol, en Artesanías de Colombia, en Bancóldex, en varias centrales eléctricas, etc.

La administración Duque trabaja para que en el curso del presente año se determine la venta de activos en empresas como las descritas, por suma cercana a los seis billones de pesos, y para eso el Ministerio de Hacienda está preparando el texto de un decreto que establecerá las reglas de dichas enajenaciones, con base en la vía libre que a ello dio el Congreso a través de la Ley del Plan de Desarrollo. Dicho decreto solo lo conoce el autor de los llamados ´Bonos de agua´, o sea el Ministro Carrasquilla, famoso por los vericuetos que arma en las inversiones.

Hay expectativa en diversos sectores del país en torno a qué activos serán los que se sacarán a la venta y qué destinación dará el Gobierno a lo que a título de precio entre a sus arcas como consecuencia de ello, con base a lo que en el pasado ha ocurrido con los dineros que han llegado al Estado por concepto de enajenación de activos de propiedad estatal.

Entre dichos activos estatales hay algunos que es prudente vender, como ocurre con las inversiones en empresas telefónicas, mientras genera inquietud en significativos sectores de la opinión la venta de acciones de propiedad del Estado en empresas pertenecientes a sectores estratégicos de la economía, por las repercusiones que ello puede tener para el país en el futuro inmediato y a largo plazo.

Hay expectativa respecto de qué inversiones estatales serán vendidas, la valoración que de ellas se haga, las reglas de dichas enajenaciones y el destino que se dará a tales dineros.