Diario del Cesar
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Se aproxima el aterrizaje del glifosato

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Como se sabe, el alcance dado por la Corte Constitucional a la sentencia sobre la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos de hoja de coca le brinda plena cabida al gobierno del presidente Iván Duque para complementar su plan antidroga, tal y como lo había pedido la administración en la audiencia pública citada por el alto tribunal meses atrás.

En adelante, pues, la exégesis frente al uso del glifosato ya no será en los términos restrictivos, ni absolutos, que venían aduciéndose para eliminar totalmente esa posibilidad, sino que la Corte ha recabado en la necesidad de hacer una ponderación entre la protección de la salud y el medio ambiente frente a la política pública establecida para derrotar la siembra de hoja de coca que, de forma exponencial, llegó en los últimos años a más de 200.000 hectáreas y 900 toneladas métricas de exportación del alcaloide, rompiendo todos los niveles históricos a partir de 2014.

Puede así el Gobierno enfrentar el fenómeno, con todos los instrumentos posibles a la mano, puesto que hoy queda claro que el magno organismo constitucional nunca prohibió la aspersión, según se desprende de sus aclaraciones esta semana. Otra cosa es que se hubiera utilizado su fallo de 2017 en ese propósito político. Ahora, una vez emitido su dictamen unánime de precisión de la sentencia, queda en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la obligación de minimizar los riesgos y utilizar el glifosato con el menor daño posible a la salud y el medio ambiente. Y así lo reiteró ayer el Presidente en su discurso de instalación del Congreso de la República. Allí recalcó que se abría en estos momentos la compuerta para la lucha integral contra las drogas ilícitas y que acataba plenamente las directrices señaladas por la Corte Constitucional.

Desde luego, lo deseable es que no existiera aspersión de ningún tipo. Pero visto el auge narcotraficante que se ha venido presentando al multiplicarse los sembradíos ilegales, desde que se suspendió la fumigación aérea en 2015, esa posibilidad vuelve a hacer parte de las alternativas que el Estado tiene para enfrentar esa amenaza contra el medio ambiente y los bosques tropicales, sustanciales en el combate al cambio climático. Y también en el empeño de evitar el incremento de la oferta de drogas ilícitas frente a una demanda del exterior y también del interior cada vez más ávida.

De suyo el Gobierno, bajo el tratamiento del problema con una óptica de salud pública, además de la coerción legítima, tiene diseñados igualmente programas para la atención del adicto y ante todo para la protección de la niñez y de la juventud ante el riesgo del consumo de drogas, en especial en el espacio público, los parques y los entornos escolares. En esa dirección, el Primer Mandatario fue explícito ayer en que continuará con los decretos, expedidos hace unos meses, que regulan esa materia y que han dado buenos resultados por estar apegados al Código de Policía.

Quiere decir todo lo anterior, como se desprende de la actual política pública al respecto, que la aspersión con glifosato no se va a constituir en el único mecanismo contra el flagelo. Por el contrario, siguen vigentes la erradicación forzada terrestre y la manual concertada en aquellos lugares donde sea factible y se pueda continuar la labor ya avanzada con los campesinos. De lo que se trata, por supuesto, es de lograr una política integral para enfrentar la producción, la comercialización y el consumo de los narcóticos. El presidente Duque ha sido claro y perentorio en que su visión es el ataque a este flagelo, sin dejar cabos sueltos.

Ha hecho bien la Corte Constitucional en no cerrarse a la banda frente a las posibilidades estatales de contrarrestar el auge de los cultivos ilícitos. Y con la misma responsabilidad la ministra de Justicia, Margarita Cabello, contestó que se preparará un protocolo adecuado para el uso del glifosato y que será llevado al Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene la decisión final.

Por el momento, el gobierno del presidente Duque ha logrado estancar la tendencia al alza de las hectáreas sembradas con hoja de coca en el país. Ahora lo que interesa es que, una vez quitado el cerrojo a la aspersión, cuenta con todos los instrumentos para revertir lo más pronto posible el fenómeno, sin dejar de lado, desde luego, que su propuesta básica es la de la lucha integral antidroga. Y será por cumplirla o dejarla de lado, que se le aplauda o se le reproche.