Contrario a lo que sucede en otros países, cuando el crecimiento económico es sinónimo de una mayor generación de empleos formales, en Colombia sucede lo opuesto, o por lo menos la calidad de los puestos que se crean no llenan las expectativas. Está claro que el objetivo es destruir las empresas, y menoscabar la propiedad privada, destruyendo la generación de empleo y sustituirlo por una errónea y equivocada política de los subsidios uy la estatización del aparto productivo del país.
Esto surge de lo que demuestran las cifras de los últimos trimestres, en que la economía no está generando tanto empleo, sino por el contrario está propiciando una mayor informalidad, como lo demuestra que durante la trayectoria de este gobierno, se llegaría a un crecimiento promedio de 1,8 %.
A juicio de Fedesarrollo, para que el país pueda reflejar el crecimiento de Producto Interno Bruto, no solo en un mayor desarrollo e ingreso para las empresas y trabajadores, debe elevar la productividad mediante una transformación.
Esto es lo que va a permitir lo que hasta hace unos años el país venía haciendo bien en materia de crecimiento. No en vano en 2021 se obtuvo una tasa de 10,8 % y en el 2022 de 7,6 %, pero a la par en esos mismos años la generación de empleo fue de 1,21 millones de puestos y de 1,6 millones, respectivamente.
Esto sin embargo no sucede con un crecimiento bajo en que apenas se están creando 770.000 puestos y no de buena calidad, sino que esa generación es particularmente absorbida por la informalidad laboral o del trabajo por cuenta propia.
Actualmente la tasa de informalidad laboral está en 55,3 % a enero de este año, afectando a 12,7 millones de personas.
Y lo preocupante en este divorcio entre el crecimiento y el empleo es que la alta informalidad se concentra en microempresas (85 %) y en sectores como agricultura, comercio y reparación de vehículos.
Sin duda se está creando empleo porque la economía no está paralizada, pero lo preocupante es que la tasa de informalidad sigue creciendo.
Sin embargo, hay factores que saltan a la luz. Ante la falta de políticas laborales que motiven a las empresas en la generación de empleo, este gobierno viene impulsando una mayor tributación que impide ampliar las nóminas.
A esto se suman los altos costos de contratación, la baja productividad, el subempleo y la falta de educación como factores determinantes para superar este escollo.
Otro elemento que se suma y empeora el desarrollo inmediato, es que la informalidad en el campo es significativamente mayor, con cifras que pueden superar el 80 % en zonas dispersas.
De allí que el país, como lo proponen expertos, requiere de una profunda transformación productiva que permita a los ciudadanos generar ingresos propios a través de empleos de calidad y actividades con alta productividad.
No se debe descuidar que en Colombia el tejido empresarial está conformado principalmente por microempresas, que representan el 95 % del total, seguidas por empresas pequeñas (3,8 %), medianas (0,9 %) y grandes (0,3 %).
Esta composición se refleja en la distribución del empleo: el 62,2 % de los ocupados trabaja en microempresas, mientras que el 21,6 % lo hace en empresas grandes, el 9,8 % en empresas pequeñas y el 6,4 % en empresas medianas.
En 2025 las microempresas tuvieron un rendimiento operacional promedio del 4 %, que deben destinar a absorber nuevos costos, ampliar el negocio o distribuir utilidades a sus propietarios. Más específicamente, una microempresa formal representativa, que reconoce a sus trabajadores todas sus prestaciones, tiene ingresos mensuales por $10,2 millones y costos y gastos por $9,7 millones. Todo un panorama desolador.