¿Y cuánto cuesta la reforma a la salud?
A seis semanas de terminar el primer tramo de la última legislatura de este cuatrienio gubernamental el panorama para el proyecto de reforma a la salud en el Congreso es cada día más incierto.
Las discusiones en la Comisión Séptima del Senado siguen trabadas y aunque el Gobierno, a través de los ministros de Salud e Interior, busca construir malévolamente una narrativa política y mediática según la cual los parlamentarios de partidos opositores e independientes mantienen frenada la iniciativa, la realidad es otra.
Esta reforma lleva muchas sesiones sin superar un tema crucial para determinar su viabilidad y funcionalidad: aterrizar cuánto costará la implementación de los cambios estructurales que plantea al sistema de afiliación y atención médica. Una controvertida reingeniería que prácticamente acaba con un modelo que por muchos años estuvo en la parte alta del ranquin mundial en cuanto a calidad y cobertura, pero que desde que llegó esta administración se vino, literalmente, a pique por cuenta de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para precipitar una crisis insalvable que hoy tiene a millones y millones de usuarios sin acceso a un servicio médico eficiente, sufriendo una escasez crónica de medicamentos, con hospitales y clínicas quebrados, muchas EPS al borde de la insuficiencia financiera y billonarias deudas cruzadas entre los distintos actores del sistema…
La opinión pública y demás sectores políticos, económicos, sociales e institucionales deben comprender que el mayor freno a este segundo proyecto de reforma a la salud es culpa y responsabilidad directa del ministerio de Hacienda, ya que no cumple el requisito básico y obligatorio de presentar un aval fiscal riguroso y objetivo que permita saber cuántos recursos públicos deben destinarse para activar el polémico nuevo sistema planteado.
Dicho aval fiscal no es una exigencia nueva ni caprichosa. En realidad, es uno de los requisitos de más vieja data en la práctica legislativa. Sin embargo, los ministros que afrontan el debate en la Comisión Séptima han llevado cálculos parciales o meras estimaciones teóricas sobre el monto del presupuesto público que en 2026 y los años siguientes deberá destinarse para activar los cambios estructurales en el sistema, los circuitos de inversión y gasto, el saneamiento de deudas cruzadas, las destinaciones de presupuesto a las nuevas instancias y rutas de acceso tanto para los servicios más básicos hasta los de mediana y alta complejidad.
Lo más grave de todo este pulso alrededor del aval fiscal, cuya no presentación de forma concreta e integral constituye un vicio de fondo que llevaría a la inexequibilidad de la norma si es aprobada, es que este fue uno de los motivos principales por los cuales se hundió el primer proyecto de reforma a la salud en esta misma comisión congresional en abril de 2024. No tiene, entonces, ninguna presentación que, después de casi tres años de debate en el Parlamento, el Gobierno no esté en capacidad de señalar cuánto costará ese nuevo esquema sanitario.
Todo lo anterior con el agravante de que en esta ocasión hay un ingrediente adicional: tanto los ministros de Hacienda como de Salud señalan que dicho aval fiscal depende de la suerte del proyecto de reforma tributaria o “ley de financiamiento”, que el Gobierno presentó como fórmula para solventar el billonario hueco fiscal que arrastra el ya aprobado Presupuesto General de la Nación para 2026.
Como se sabe, esa iniciativa impositiva hasta ahora arrancó debate en la comisión cuarta de la Cámara y allí tiene muchos peros, ya que los representantes independientes y de oposición consideran que el sector privado ni las personas naturales pueden soportar más impuestos, y menos cuando la economía apenas si crece a un tímido 2,5 % y es claro que 16,3 billones de pesos, que es el horizonte de recaudo del proyecto tributario, no tendrá mayor impacto para equilibrar las finanzas públicas cuyo descuadre para el próximo año estaría por encima de los 30 o 40 billones de pesos. Recortar el abultado gasto burocrático y toda partida con tufillo clientelista y electoral sería la única salida para comenzar a normalizar el fisco, pero el afán populista y politiquero de la Casa de Nariño impide tomar esa ruta.
Así pues, el mayor enemigo del proyecto de reforma a la salud no es su disfuncionalidad, anacronismo y lesivo estatismo. Es el propio Gobierno al no presentar el respectivo aval fiscal.