El Estado no puede ceder ante el chantaje

De máxima gravedad la amenaza del Eln en torno a que como el actual Gobierno no accedió a la propuesta de un “canje” de dos policías y dos agentes de la Fiscalía secuestrados en Arauca, a cambio de la excarcelación de varios subversivos, entonces someterá a los plagiados a un “juicio revolucionario” en el que podrían ser ‘condenados’ a ‘penas’ de entre tres y siete años.

Como bien lo advierten la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Gobierno y Fuerza Pública el anuncio de la facción insurgente constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. De hecho, la entidad del Ministerio Público señala que esta es una de las vulneraciones más graves porque, de un lado, se está cometiendo contra personas civiles y, de otro, supedita la libertad, la vida o la integridad física de los cautivos a la realización o abstención de determinados actos.

Y es que en modo alguno la guerrilla puede considerar que los cuatro secuestrados son prisioneros de guerra. La propia Defensoría recordó que la “privación prolongada de la libertad, que en nuestro ordenamiento jurídico se configura como secuestro, es sancionada por el derecho penal internacional como el crimen de guerra de toma de rehenes”.

Es claro, igualmente, que los cuatro plagiados deben ser considerados como civiles ya que, “aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado… Adicionalmente, la libertad fue condicionada a un llamado ‘canje humanitario’. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado”.

Agregó la entidad que mantener en cautiverio a los dos policías (secuestrados en julio) y los funcionarios del ente acusador (plagiados en mayo), contraviene claramente el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, la norma 96 del DIH consuetudinario y la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes.

La propuesta del Eln, entonces, en modo alguno puede ser considerada. Los casos puntuales de ‘canjes humanitarios’ que se dieron en el pasado, cuando centenares de uniformados estaban secuestrados por las Farc, ya hoy son inviables. En aquellas ocasiones la liberación de los militares y policías plagiados por esa guerrilla no se constituyó como un mecanismo formal de ‘intercambio de prisioneros de guerra’, ya que los insurgentes fueron excarcelados por un subrogado penal.

‘Intercambio de prisioneros’ sí se ha dado en los últimos meses entre Rusia y Ucrania porque allí hay claramente un conflicto armado de orden internacional.

También hay una diferencia con lo que acaba de suceder entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, por cuanto los secuestrados por la banda terrorista eran civiles hechos cautivos durante el cruento ataque de octubre de 2023. No eran, por tanto, “prisioneros de guerra” y su liberación se dio en el marco del acuerdo de paz que promovió la administración Trump.

Volviendo a Colombia, es necesario cerrar filas ante las exigencias inaceptables del Eln. El Estado y el Gobierno, como su principal brazo ejecutor, no pueden ceder al chantaje. Hacerlo una vez, llevaría a que esta clase de situaciones se multipliquen, como ocurrió en la última década del siglo pasado y la primera de este con los plagios masivos de militares y policías a manos de las Farc.

Es necesario, por tanto, seguir exigiéndole al Eln que libere sin condición alguna a los cuatro secuestrados.

De manera paralela, se debe confiar en la gestión de buenos oficios de Iglesia, Cruz Roja Internacional y delegados de la OEA y la ONU con el fin de obtener el regreso de los policías y efectivos de la Fiscalía. También debe continuar la labor de inteligencia con el propósito de dar con el paradero de los cautivos y analizar la posibilidad de una operación de rescate, siempre y cuando no se ponga en peligro la vida de los plagiados.

Obviamente, esto es imposible si la facción insurgente los trasladó a territorio venezolano, en donde actúa en connivencia y complicidad con las fuerzas de la dictadura chavista.

Finalmente, el Gobierno Petro no puede tampoco mostrarse débil ante este chantaje subversivo. Ceder a sus exigencias, incluso forzando una reactivación de una mesa de negociación que en tres años ha sido tan accidentada e inútil como la misma estrategia de “paz total” que la impulsó, sacrificaría aún más la vigencia del Estado social de derecho.