El espejismo de la reforma al SGP
En medio de la polarización política y partidista que caracteriza al actual Congreso, pocas veces como en diciembre del año pasado se vio a todas las bancadas al unísono celebrar y felicitarse por la aprobación de un proyecto. La euforia de los senadores y representantes no era gratuita porque dieron visto bueno final al acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este es el mecanismo mediante el cual, desde las esferas del Gobierno nacional central, se transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos oficiales necesarios para atender los servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico. Esta bolsa presupuestal se nutre de los ingresos corrientes de la nación y su distribución hacia los territorios se hace con base en criterios como densidad poblacional, índices de necesidades básicas insatisfechas, niveles de pobreza y otros rubros socioeconómicos.
En lo corrido de este siglo, todos los gobiernos de turno habían prometido reformar el SGP, señalando que el bajo porcentaje de transferencia presupuestal a las gobernaciones y las alcaldías no solo había reforzado una estructura administrativa centralista y anquilosada, en abierta contradicción con el mandato constitucional según el cual Colombia es un país de regiones, sino que estableció un esquema de concentración excesiva de poder y decisión en el Gobierno nacional central. Esto, al final de cuentas, sería la causa de un modelo de desarrollo territorial desigual y con grandes brechas entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia.
Visto lo anterior, se entiende la sensación del deber cumplido que en diciembre pasado tenían la mayoría de los congresistas al aprobar, finalmente, esta reforma constitucional presentada por la Casa de Nariño, y que contempla que, en un plazo de doce años, a partir del 2027 y de manera gradual, las transferencias de recursos de la nación a los gobiernos seccionales y locales aumentarán de un 25 % en promedio al 39,5 %.
Se pensaba, entonces, que se había realizado la tarea más difícil en más de tres décadas de vigencia de la carta del 91 en cuanto a descentralización administrativa y presupuestal. El siguiente paso, aunque importante, era más procedimental. Consistía en el compromiso del Ejecutivo en presentar lo más pronto posible un proyecto de ley ajustando el sistema de competencias de gasto e inversión. Es decir, el esquema mediante el cual se aterriza la reforma al SGP, determinando los tiempos, porcentajes y cuantías de los giros presupuestales de los ingresos corrientes de la nación a los departamentos y municipios a cambio de que estos vayan asumiendo la financiación de los servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico y otros rubros de inversión social, hoy a cargo del Gobierno nacional central.
El Ejecutivo fijó un cronograma al respecto. Dedicaría el primer semestre a construir el respectivo articulado de esa ley de competencias, convocando a gobernaciones, alcaldías, Congreso, partidos, academia, diputados, concejales y demás sectores políticos, económicos, sociales e institucionales de las instancias seccionales y locales a los efectos. Todo ello debería llevar a redactar un proyecto consensuado y funcional para ser radicado en el Parlamento, a más tardar, el 20 de julio pasado, cuando arrancó la cuarta y última legislatura de este cuatrienio.
Pues bien, hoy termina el décimo mes del año y la iniciativa aún no es llevada por el Ministerio del Interior al Congreso pese a los anuncios de que el texto ya estaba listo y solo faltaban algunos pequeños ajustes normativos y el visto bueno final del presidente, gabinete y la secretaría jurídica de la Casa de Nariño.
Lo que sí han primado son las excusas mes tras mes. Ayer, incluso, se llevó a cabo un debate de control político al respecto en la Comisión Tercera del Senado, en donde parlamentarios de distintas bancadas alertaron que en diciembre vence el plazo de un año que se fijó en la reforma del SGP para que se presentara la modificación al régimen de competencias. Los voceros gubernamentales insistieron en que todavía no está terminado cien por ciento el articulado, pero que la iniciativa será radicada antes de que termine este primer tramo de legislatura, el 20 de diciembre.
Como se ve, de la euforia por la aprobación hace casi un año de la reforma constitucional al SGP, que hoy parece un espejismo, se pasó ahora a la frustración y tristeza por la inoperancia de la administración Petro -a la que le restan nueve meses de mandato- para concretar el proyecto de ley de competencias reglamentario. Conclusión: la promesa de la descentralización administrativa y presupuestal sigue en vilo.