Se burlaron del país y perdieron la oportunidad

No es la primera vez que el Eln se burla de la sociedad colombiana. En esta ocasión tampoco supo interpretar ni aprovechar la generosidad que tuvo el Estado en abrirles las puertas a una negociación política para los crímenes que perpetra. Es el momento para saber si se mantendrá un proceso que se ha dilatado precisamente por la insistencia en sostener el secuestro y la violencia como argumentos para negociar con el Estado que representa a todos los colombianos.

Cabe advertir que esa amenaza ha sido la constante en todos los intentos dirigidos a establecer un mecanismo serio que permita hacer la paz que necesitan y reclaman los colombianos. Y que no se trata de una negociación entre el grupo ilegal y una organización cualquiera, sino con la Nación representada por sus autoridades legítimas.

Por ello, lo que se requieren son gestos claros que den a entender la voluntad de cesar todas las actividades ilícitas que realiza el ELN y demuestren su deseo de reintegrarse a la vida normal, incluida la posibilidad de participar en la política si así lo pretenden sus integrantes. Son actitudes que no dejen dudas sobre las intenciones del grupo guerrillero las que permiten que los colombianos acepten concesiones que puedan facilitar el camino hacia el acuerdo.

Lo que ha ocurrido en la última etapa del proceso iniciado hace 29 meses en Caracas, Venezuela, no da para pensar que ese propósito de abandonar la violencia es claro. Por el contrario, el secuestro de colombianos civiles o servidores públicos, la voladura de los oleoductos y la extorsión descarada que se disfraza con supuestas defensas del patrimonio nacional, son las constantes que debió soportar el gobierno anterior, comprometido como estaba en conseguir un acuerdo que detuviera por la vía civilizada lo que han sido cincuenta años de una guerra estéril.

Hoy, el ELN se asemeja cada vez más a una federación de grupos empeñados en aprovechar el espacio que dejó el acuerdo con las Farc para ampliar sus actividades criminales. Una organización que mantiene una aparente defensa de principios mientras celebra toda suerte de alianzas y negocios con el narcotráfico, la minería ilegal y la explotación de la frontera con Venezuela, de la mano de la dictadura que allí impera.

El presidente Duque exigió la liberación de todos los secuestrados, servidores públicos o civiles, como condición para reanudar los diálogos. En respuesta, las facciones del ELN y sus representantes se contradicen y exigen protocolos que incluyan la participación de la comunidad internacional.

Es el momento para definir si estamos dispuestos a continuar negociando mientras la población colombiana sigue siendo objeto del terrorismo para obligar al Estado a ceder lo inaceptable.

El secuestro es inhumano, es la antítesis de cualquier posibilidad de ejercicio de los derechos de un individuo. Entonces, el presidente Duque, lo recuerda. Y lo asisten las razones jurídicas, legales y éticas que la comunidad internacional, en la búsqueda de solución de sus conflictos y divergencias, entiende y defiende: es imposible un diálogo humanizante, democrático y sensato con secuestrados de por medio.

Pero la exigencia del presidente Duque va más allá, si se quiere revisar la hondura de sus anuncios: si el Eln se apertrecha discursivamente en la defensa de los recursos naturales, del patrimonio ecológico de la nación y del cuidado del medioambiente, no puede seguir volando oleoductos, manchando de muerte ciénagas y ríos y llevando hambre y zozobra a las comunidades.