Cauca y Valle registran 620 ataques de grupos ilegales desde 2022
El suroccidente colombiano registró 34 atentados en cinco días que dejaron 20 personas muertas y 65 heridas en 22 municipios de Cauca y Valle del Cauca, una situación que elevó a 620 el total de acciones cometidas por grupos armados desde enero de 2022 y que consolida la alteración del orden público en una región estratégica para las economías ilícitas bajo la influencia del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) explicó que los hechos ocurridos entre el 24 y el 28 de abril pasados representan un proceso acumulado desde la creación de las disidencias en 2018.
El centro de estudios detalló que en 2025 se registraron 175 ataques en Cauca y 57 en Valle del Cauca, lo cual significó la cifra de incursiones más alta de los últimos 15 años y representó un incremento del 52 por ciento en territorio caucano con respecto a 2024.
El informe de la organización señaló que el responsable de la escalada es el Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), comandado por Iván Idrobo, alias Marlón, quien asumió la jefatura operativa en 2022 tras la muerte de alias Mayimbú. Esta facción armada cuenta con 2.651 integrantes distribuidos en 11 frentes, entre los que destacan las estructuras Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, identificadas como las agrupaciones que tienen el récord de ser el grupo ilegal que más ataques con drones ha realizado desde 2024.
Los investigadores concluyeron que el accionar en la región obedece a la necesidad de controlar las rutas que conectan el centro del país con el océano Pacífico y los enclaves productivos de hoja de coca y minería ilícita.
La entidad precisó que el incremento de los ataques busca proteger el funcionamiento de estas rentas y «desviar la atención del Estado hacia puntos visibles, generando oportunidades en otras zonas menos vigiladas», dinámica que funciona como una cortina operativa para asegurar el flujo de los cargamentos.
El documento indicó que la fragmentación interna del EMC en 2024, originada tras el asesinato de la lideresa Carmelina Yule en Cauca, multiplicó las disputas territoriales y conformó un «mosaico de violencias» integrado por zonas de hegemonía y áreas en expansión militar.
Ante este escenario operativo, la FIP explicó que los enfoques tradicionales de seguridad muestran vacíos estructurales, por lo que demandó una política institucional para recuperar el control territorial, proteger a la población civil y «combatir la infiltración y la corrupción mediante mejores capacidades de contrainteligencia e investigación».
La organización señaló que el deterioro de la seguridad es producto parcial de una conducción errada de la política de Paz Total, dado que el Estado otorgó ventajas tácticas al decretar «ceses al fuego prematuros y sin verificación real», lo cual generó impactos directos en la consolidación de las estructuras de las disidencias.
Sin embargo, el centro de estudios concluyó que el país no debe caer en la «trampa de paz o plomo», sino que es imperativo mantener los procesos de sometimiento y negociación bajo la implementación de líneas rojas definidas, con el objetivo de articular la política de diálogos con una estrategia de seguridad estatal.
/Colprensa.