Los números están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), pero quien se puso en el trabajo de mirarlos, sacar la calculadora y compararlos fue el antiguo secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.
Salazar fue declarado insubsistente y acusado de traición por el presidente Gustavo Petro después de firmar una resolución adjudicando el contrato de los pasaportes a Thomas Greg and Sons.
El canciller Luis Gilberto Murillo, quien remplazó al caído Álvaro Leyva, decidió otra cosa. La resolución de Salazar fue revocada y hace unos días anunció que el contrato con Thomas Greg and Sons será nuevamente prorrogado por once meses, mientras la Imprenta Nacional puede hacerse cargo de la expedición del documento con el apoyo de Portugal.
Como sea, el exsecretario Salazar se puso a hacer cuentas y llegó a conclusiones apoyadas en números irrebatibles.
La conclusión más importante es que el contrato del canciller Murillo resulta mucho más caro para el país que el de su antecesor Leyva y el de la licitación declarada desierta.
La decisión del canciller les costará a los colombianos 2.800 millones de pesos más cada mes. Además de eso, están contratando 80 personas más para desempeñar las mismas funciones que antes cumplía el contratista por el precio de paquete.
La licitación declarada desierta, y que originó la millonaria demanda del contratista, era por 36 meses y su valor total era cercano a los 600.000 millones de pesos. Lo cual quiere decir que mensualmente costaba 16.656.988.404 pesos.
El contrato de urgencia que firmó el entonces ministro Leyva por 12 meses ha costado cada mes 16.574.521.633 pesos.
En cambio, el que acaba de firmar el canciller Murillo por 11 meses, va a costar mensualmente 18.807.167.920 pesos.
Hasta ahí la diferencia es de 2.300 millones de pesos cada mes, en contra del bolsillo de los colombianos, pero ahí no termina el asunto. Hay otro valor que es de formalización de los pasaportes que mensualmente costará 419.691.743 pesos.
Sumando estos dos valores la diferencia en contra de los contribuyentes colombianos llega a 2.800 millones de pesos mensuales.
Y aún no se sabe cuál será el costo del convenio con Portugal.
¿Por qué el Gobierno decidió pagar más por menos servicios durante menos tiempo?
Como si fuera poco, la demanda del contratista Thomas Greg and Sons contra la Cancillería y la Nación continúa. La pretensión es de 117.000 millones de pesos.
Sobre el multimillonario pleito también hay noticias.
Hace apenas dos días la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cambió de abogado en el pleito contra Thomas Greg and Sons.
El elegido es Alfonso Sarmiento Castro quien hasta 2022 era magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
No solo eso, también era compañero de sala de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, quien es ponente en el proceso de Thomas Greg and Sons contra la Cancillería en la sección tercera del honorable tribunal.
El tema es legal, pero de muy difícil presentación.
Como compañeros de sala, el ahora representante de la Agencia de Defensa Jurídica, Alfonso Sarmiento, firmó varias decisiones con la magistrada Bertha Lucy Ceballos quien, en buena medida, tiene en sus manos el futuro de la demanda.
Una de esas decisiones tienen que ver con una tutela de vida o muerte para el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La presentó contra la decisión del procurador Alejandro Ordóñez que lo sacó de su cargo y lo inhabilitó por 15 años.
Los entonces compañeros de sección fallaron a favor de Petro “suspendiendo los efectos del acto administrativo de destitución durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la legalidad del acto”.
La decisión lleva las firmas de quien hoy representa a la Agencia de Defensa Jurídica, la magistrada que tiene que decidir y de un tercer magistrado Juan Carlos Garzón Martínez, otro antiguo compañero del ahora defensor y miembro de la misma sección que decidirá el pleito.