Contraloría alerta que la política de discapacidad queda a la deriva
La Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre la política pública de discapacidad justo cuando el Ministerio encargado de dirigirla se prepara para desaparecer.
En un informe de su Delegada para Población Focalizada, el organismo de control concluyó que entre 2022 y 2025 Colombia construyó un robusto andamiaje de leyes para las Personas con Discapacidad (PcD), pero que ese avance en el papel no se ha traducido en cambios estructurales en la vida de esa población.
El golpe más concreto del informe está en la plata. El Ministerio de Igualdad y Equidad tenía $38.494 millones para un proyecto destinado a mejorar el acceso socioeconómico de las personas con discapacidad, y ejecutó apenas el 17%. Ese proyecto, pensado para beneficiar a 2.847.000 personas, gastó solo el 23% de su presupuesto anual en 2024 y un raquítico 1% en 2025.
La Contraloría también puso el dedo en otra problemática: quién manda en esta política. La rectoría de la discapacidad ha pasado de mano en mano, pues empezó en el Ministerio de Salud, saltó al Ministerio del Interior, luego a la Consejería Presidencial para la Participación de las PcD y, en 2023, aterrizó en el recién creado Ministerio de Igualdad y Equidad. Para el órgano de control, esos saltos rompieron la continuidad estratégica y dificultaron orientar, coordinar y exigir resultados.
Esa cadena de traslados está a punto de quedar otra vez incompleta, y por una razón de fondo: el Ministerio de Igualdad podría dejar de existir. La Contraloría advirtió que la entidad enfrenta su posible desaparición a partir del 20 de julio, como consecuencia de un fallo de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó.
Ese fallo es la Sentencia C-161 de 2024, con la que la Corte declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por una razón puntual: el Congreso aprobó esa ley sin hacer el análisis de impacto fiscal que exige la norma. El tribunal no eliminó el Ministerio de inmediato, sino que le dio plazo al Gobierno y al Congreso de dos legislaturas, que vencen este 2026, para corregir el error con una nueva ley.
Pero ese salvavidas no llegó a tiempo. El proyecto que buscaba revivir la entidad se hundió en el Congreso por falta de ambiente político y de tiempo legislativo, y la propia cartera ya arrancó su cierre, según informó El Tiempo. El 9 de junio, los trabajadores recibieron una circular del ministro, Luis Alfredo Acosta, con el cronograma para entregar funciones, equipos y puestos de trabajo.
A esa circular se sumó una jugada del propio Ejecutivo. Días antes, el presidente, Gustavo Petro, expidió una directiva que ordenó a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto a Función Pública y Prosperidad Social, preparar el desmonte de la entidad y repartir sus funciones. Petro atribuyó la caída a que el proyecto no contó con la voluntad legislativa necesaria para salir adelante a tiempo.
Mientras tanto, los empleados quedaron en el aire. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Igualdad y Equidad (SintraIgualdad) advirtió que cerca de 580 funcionarios están en el limbo, sin un decreto formal de liquidación ni un agente liquidador que ordene el cierre. Todo indica, según El Tiempo, que el ministerio no sobrevivirá más allá del 20 de junio, cuando terminan las sesiones del Congreso.
La incertidumbre no se queda en el ministerio. El informe de la Contraloría señaló que el fallo también pone en duda el futuro de entidades estratégicas para esta población, como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
A todo esto se suma un problema que, para el órgano de control, vuelve casi imposible vigilar el gasto: no existe una trazabilidad presupuestal clara de cuánto invierte el Estado en discapacidad. Sin ese rastro, dijo la Contraloría, se dificulta el seguimiento, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia.
El informe, que se apoyó en datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reconoció avances pero enumeró las deudas pendientes. Entre ellas están la vinculación laboral, la certificación de las personas con discapacidad, su colocación en el sistema público de empleo, la formación profesional y la atención accesible.
La Contraloría no desconoció el trabajo normativo. Entre 2022 y 2025, el país expidió 14 leyes sobre educación inclusiva, accesibilidad, inclusión laboral, salud, protección social y apoyo a cuidadores, entre otros temas. El problema, dijo, es que ese marco es robusto pero heterogéneo: varias normas siguen sin reglamentar y se aplican de forma despareja en los territorios.
Para el órgano de control, el país solo avanzará hacia una inclusión real si garantiza tres cosas al tiempo: una institucionalidad estable, una política integral y una inversión sostenida. Las tres quedaron en entredicho a pocas semanas de que el ministerio encargado baje la cortina.
Lo que viene es una incógnita. Si el Ministerio de Igualdad desaparece sin que el Gobierno defina con claridad quién asume la rectoría, la política de discapacidad cambiaría de manos por quinta vez en pocos años, ahora en la recta final del gobierno Petro y en plena campaña electoral.
// colprensa