En estos largos dos años de Gustavo Petro en el poder, los colombianos hemos sido testigos de una realidad que pocos habrían imaginado: un presidente que, en sus consejo de ministros, ni exige cuentas ni orienta la ejecución de obras. Y lo que se esconde detrás de su baja popularidad es un profundo sentimiento de desazón ante el desgobierno, un vacío de dirección que cada día pesa más sobre el país.
Para Petro, sin embargo, esto no es su problema. Lejos de mostrar preocupación por la crisis económica que asfixia a la sociedad o la inseguridad que carcome el territorio nacional, parece indiferente ante la evidente ‘crisis explícita’ del sistema de salud. La corrupción desenfrenada y el despilfarro de los recursos públicos no lo distraen de su verdadero propósito: mantenerse en el poder, mediante una constante retórica incendiaria, polarización y campaña del “todo vale”.
Es evidente que tiene una estrategia, y su fin último es un “plan golpe”. Un diseño calculado para mantener al país en estado de turbulencia. Su primera táctica: deslegitimar las instituciones, empezando por aquellas que investigan los turbios manejos de su campaña y los escándalos de su entorno familiar. Luego, despliega una narrativa de victimización para afianzar el apoyo de sus seguidores, fanáticos y subsidiados. A esto se suma la peligrosa permisividad con grupos criminales, buscando asegurar su respaldo ante cualquier maniobra antidemocrática suya.
A Petro no le preocupa haber mancillado la institución presidencial, ni que la nación le haya perdido el respeto. Su único objetivo es perpetuarse más allá de 2026, así sea en cuerpo ajeno. Lo evidencia su descarado manejo de lo público. Cifras astronómicas, como los 185 billones de pesos no ejecutados, muchos escondidos en fiducias, reservados para fines electorales: movilizaciones, subsidios y contratos. Esto exige la intervención urgente de la Contraloría.
Asimismo, en el Congreso denuncian despilfarros descomunales: 60.000 millones de pesos en vuelos para funcionarios. A esto sumemos los gastos excesivos en movilizaciones a su favor o eventos políticos, como 2.800 millones de pesos despilfarrados en una reunión política disfrazada de “encuentro académico” en Armenia. Otro evento similar, financiado con el presupuesto oficial, tuvo lugar en la Universidad Nacional, donde Petro, rodeado de sus funcionarios, repitió su manido discurso de confrontación: denunció que lo espían, que lo quieren derrocar e incluso asesinar. «Debemos estar unidos para prevenir el golpe», sentenció.
Pero el “plan golpe” ha sido su hoja de ruta desde el inicio de su mandato. Primero, habló de ‘golpe blando’ urdido por sus críticos; luego, se victimizó alegando una persecución contra su hermano y su hijo, ambos implicados en oscuros apoyos a su campaña. Ataca a la prensa, acusándola de fraguar un ‘golpe lento’. Ahora, acorralado por las evidencias, señala al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar preparando un ‘golpe de Estado’, e incluso le puso fecha: tres meses. Sus constantes diatribas contra los magistrados del CNE no tienen precedentes, y su abogado declarando que no acatarán sus decisiones, un desafío claro a una institución a la que, irónicamente, en otrora el senador Petro pidió investigar a sus antecesores.
No cabe duda: el “plan golpe” de Petro sigue avanzando. Y no es descabellado pensar que en 2026 el golpe sea suyo contra la democracia misma. Ante este panorama, los colombianos tenemos una sola opción: unirnos. No en un «todos contra Petro», que solo lo victimizaría más, sino en un «todos por Colombia».
*Expresidente del Congreso