Más de $300 millones se habrían apropiado en contrato de educación

El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, además dos de sus exsecretarios durante su mandato y dos contratistas., fueron imputados ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta capital, por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documentos privado, por hechos en octubre de 2019.

Los otros imputados son José Juan Lechuga Zambrano, exsecretario General; Luis Carlos Matute, exsecretario de Educación, y los contratistas Carlos Daniel Trespalacios y César Augusto González Armenta.

De acuerdo con la Fiscalía 12 seccional, la investigación indica que el alcalde Ramírez Uhía, delegó al secretario General, José Juan Lechuga, para la celebración de un contrato de educación  por prestación de servicios con la empresa, Corporación de Desarrollo Social “Creciendo”, cuyo objeto fue “Prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país y el municipio de Valledupar”, por un plazo de 45 días calendarios, y por un valor de $592.375.000,oo. La población objeto era de 3832 estudiantes de Valledupar.

Dicha corporación era representada por Trespalacios Carreño, quien a la vez subcontrató a César Augusto González Armenta.

“En la tramitación del contrato de prestación de servicios No. 1244-2019, vulneró los principios de la contratación pública, principalmente el de planeación, toda vez que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban ad portas de cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar con el contrato en cuestión, además que en el pliego de condiciones, se anotara cláusulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia”, destacó la Fiscalía.

 Se pudo determinar que existió sobre costos en el pago de algunos servicios, como el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos, y en la adquisición de pendones, los cuales debían ser usados durante las charlas a los estudiantes.

 Asimismo, se conoció en el desarrollo de la audiencia,  que todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal, quedó plasmado en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570.078.242, por lo que el secretario de General y de Educación de Valledupar, permitieron que el particular se apropiara de $376.766.000,oo, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar sería de tan solo $193.312.242.

 Aunque las personas imputadas no aceptaron los cargos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria para los exfuncionarios, excepto al secretario de Educación, Luis Matute.

Al cierre de esta edición, continuaba el desarrollo de la audiencia en la que el juez decidiría el destino de estos exfuncionarios.