Se necesita rescatar el imperio de la ley
La sociedad colombiana dejó intronizar el vandalismo, el terrorismo en sus distintas manifestaciones y aceptó que sobre ella y sus derechos prevalecieran el de unos pocos o el de una minoría que no respeta, pisotea el Estado de Derecho y trata de pasar por encima de él. Claro está, todo ello fue legalizado por un tribunal constitucional que más apegado al texto oportunista de la ´refundación de un nuevo estado social´, que a lo ordenado por la Carta, que no tiene interpretación distinta al de imponer el imperio de la ley, bajo las mismas herramientas que están consignadas en la Constitucional Nacional.
El boquete de la llamada protesta social nos tiene despedazado el país. Y de una vez aclaramos para que no tener interpretaciones erróneas: protesta social es sinónimo de protestar respetando el derecho de loso demás. De protestar sin matar, sin asaltar, sin atacar a la fuerza pública, sin incendiar los Cai, sin impedir el paso de los alimentos, sin bloquear las carreteras, sin cercenarle a los demás el derecho a la locomoción, el derecho al trabajo; es respetar la propiedad privada. Todo lo anterior que se haga en una protesta social, es una protesta criminal. Por eso el angustioso llamado a que protesten, pero háganlo en completa paz, encárguense de entregarle a la autoridad a los violentos, expulsen a esos vándalos y terroristas de las marchas, impidiendo que las mismas terminen infiltradas. Eso sí sería un verdadero ejemplo de garantía constitucional a la protesta social y pacífica.
Para un mejor ejemplo, lo que ocurrió ayer en Santa Marta. Estudiantes, trabajadores, profesores, amas de casa, deportistas, cultores, artistas, funcionarios públicos, marcharon y lo hicieron de manera organizada. Entonces sí se puede. Si es posible marchar sin destrozar; sí se puede protestar sin hacer terrorismo; sí se puede lanzar consignas, gritar, llevar pendones, banderas, instrumentos musicales, sin atentar contra los bienes públicos y privados. Lo que el país rechaza y condena es el pillaje, el bandolerismo, el crimen y asalto.
Lo que le ha faltado al Presidente de la República acerca del despliegue de la Fuerza Pública para evitar los bloqueos que afectan la vida de la Nación, es hacer cumplir el imperio de la ley. Toda Constitución lo garantiza. Todo sistema democrático lo tiene como norte para salvaguardar la seguridad del Estado y de sus asociados. Quienes lo violenten, se abstienen a las consecuencias. Pero aquí quieren doblegar al Estado y tener de rehén al Jefe del Estado.
Ha quedado demostrado que los promotores del paro nacional no han tenido el compromiso de controlar a sus seguidores, no han podido pedirles que se respeten los derechos y la democracia, impidiendo que sea la Nación en su conjunto la que siga siendo damnificada por la locura de la violencia y el desconocimiento de la Constitución. Pues bien, en vista de ello, el Gobierno debe usar la única herramienta que sirve para estos casos: la Constitución y proceder sin más dilación ni vacilación ordenar el despliegue de las autoridades para levantar los bloqueos que están afectando derechos fundamentales de los ciudadanos, además de causar grandes daños a la economía, a la actividad social, al empleo y a la tranquilidad de todos los colombianos. Así no sea del gusto de quienes están comprometidos en continuar la protesta que reiniciaron el pasado 28 de abril, esa medida se explica y se justifica por los inocultables perjuicios que a la democracia, a la institucionalidad y a la vida de los ciudadanos, le están causando quienes vienen aprovechando la protesta social para sembrar el miedo a través de inaceptables medidas de hecho. Y se debe hacer gústele o no a los organismos acólitos de quienes promueven el caos y la violencia como forma de lucha para ascender al poder. Debe hacerse en contra de quienes no razonan, de quienes por buscar réditos políticos están del lado de los que violentan la propiedad privada y matan a un enfermo que no puede pasar porque la carretera está obstruida.
Desde la perspectiva de los organizadores del paro, y de algunos políticos en trance de candidatos a la presidencia, se ha dado a entender que la decisión pretende impedir la manifestación de inconformidad que ya lleva quince días de vigencia. Frente a ello es necesario recalcar el compromiso del Primer Mandatario de permitir esas expresiones y de defenderlas como ordena la ley, siempre y cuando no se transformen en atentados contra los derechos de los colombianos. Pero ya ese discursito está trillado, ese discurso no tiene asidero frente a la coyuntura actual. La sociedad de bien, la que no asalta, la que no es violenta, la que no puede salir, la sociedad a la que se le muere sus familiares en las vías porque los manifestantes pacíficos no dejan pasar las ambulancias ni a los enfermos, es la que reclama el imperio de la Ley. Y el Presidente de la República está en la obligación de hacer el mandato constitucional. No hacerlo es una falta gravísima de sus deberes.
La sociedad colombiana no puede permitir que quienes siembran la violencia aprovechen esas protestas para tratar de imponer el caos, ya sea interrumpiendo servicios públicos, obstaculizando la cadena de suministros que necesita la sociedad e impidiendo el derecho a la movilidad, claves de la libertad que asegura el Estado de derecho, sigan en sus andanzas. Allí es cuando se justifica y se exige la presencia de las autoridades para proteger a la sociedad como lo ordena la Constitución Nacional.
Por eso hay que respaldar el llamado del Presidente de la República a recuperar el orden y la libertad de circulación en todas las vías de Colombia.