Lo que se viene con el alza del salario mínimo
Primero que todo, tanto el Gobierno como los empresarios y las centrales obreras debieran hacer un alto en el camino, quitarse el antifaz, desvergonzarse y abrirle camino al desecho de la mentira para que de una vez por todas se dé el debate en cuanto a buscar un nuevo mecanismo distinto al que se viene empleando para negociar cada año el reajuste en el salario de casi dos millones de colombianos.
En esta ocasión tampoco pudo alcanzarse un acuerdo entre organizaciones de trabajadores y los gremios (representantes de los empleadores) sobre el aumento del salario mínimo, aunque se habían reunido para darse una última oportunidad y hubo voluntad de diálogo hasta el final, fue imposible llegar a una convergencia y el tiempo apremiaba, pues la decisión debe conocerse antes del final del año. Era una negociación difícil, ya que en medio del paro nacional era inevitable que las posiciones se alejaran. Por eso el salario mínimo salió por decreto.
El incremento del 6 % anunciado por el gobierno (y con 6 % de aumento en el subsidio de transporte) lo deja en $980 mil pesos. Es un incremento similar al acordado el año pasado, y mayor que la cifra que había dejado sobre la mesa el Gobierno, e incluso superior a la cifra final que habían propuesto los empresarios (5,88 %). Pero lejos, en todo caso, del 8 % que querían los representantes de los trabajadores y pensionados.
La consecuencia directa del aumento del salario mínimo debería ser una mejora temporal en las condiciones de vida de quienes reciben ese salario, que se estima son aproximadamente 10 millones de colombianos, y eso seguramente podría estimular la demanda sobre un grupo de bienes. En términos reales (si se descuenta la inflación) el alza favorece la capacidad de compra actual de los trabajadores. El tema es que ese aumento no se muerda la cola y genere presiones inflacionarias, que finalmente hagan que se desvanezcan las ganancias.
Al tiempo, con el aumento del mínimo, puede darse un incremento en los costos laborales, que además de afectar la generación de empleo, crea una presión para subir los precios. Esta se suma a un efecto indirecto por la cantidad de contratos y precios de servicios que están definidos en términos del salario mínimo y que suben a la tasa en que este último lo hace. Ese efecto se podría evitar mediante fórmulas de indexación asociadas a la inflación esperada y no al salario mínimo.
Es claro que el alza del mínimo no va a dejar satisfechos a los representantes de los trabajadores. Pero la decisión del Gobierno no entregó más de lo que objetivamente podía hacer. Debe tener en cuenta unos criterios técnicos y los mandatos constitucionales. Este incremento es mayor que la meta de inflación del Banco de la República que puntualmente es 3 % (el centro del rango entre 2 y 4 %) sumada al incremento de la productividad laboral que fue calculada por el Dane en 0,23 %. En esta ocasión el apego a los parámetros técnicos únicamente sumaría 3,23 %, lo cual sería inferior a la inflación observada, deterioraría el poder de compra y el mínimo vital vigilado por la Corte Constitucional. De otro lado, en el cálculo de la productividad puede haber mucha discusión, es un debate sano y debe llevar a una mejor forma de medirla.
De hecho, la discusión anual del ajuste del salario mínimo es una ocasión para pensar la formalidad y la productividad. Debe preocupar el mercado laboral colombiano donde 10 millones de personas ganan el mínimo (o menos), son informales y se ocupan en labores de muy baja productividad. La elevación de la productividad será la que asegure un mayor mercado y mejores condiciones para los trabajadores. La fijación del salario mínimo, con todas sus dificultades, es una institución clave en nuestra democracia que propicia el encuentro de diferentes agentes de la economía.