La nueva Política de Defensa y Seguridad
Con la premisa del fortalecimiento de la legitimidad estatal, el presidente de la República, Iván Duque, presentó la Política de Defensa y Seguridad, que responde a los diferentes fenómenos criminales y a las distintas amenazas que afectan a la población colombiana.
El documento, que a partir de esta fecha se convierte en la hoja de ruta de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y del conjunto del Gobierno Nacional, está enfocado en la construcción de la legalidad y busca responder a los diferentes fenómenos de la criminalidad como el narcotráfico, la extracción ilícita de materiales, la extorsión y el contrabando. Además, entrega herramientas para enfrentar retos en materia de seguridad, como los Grupos Armados Organizados, que a través de acciones delictivas y terroristas atacan a los ciudadanos y buscan desestabilizar los territorios y entorpecer la acción del Estado.
La política, que está diseñada para restablecer el principio de autoridad y transitar del control militar y policial al control institucional del territorio, se articula con las políticas que el Gobierno Nacional adelanta en materia de protección de líderes sociales (Plan de Acción oportuna – PAO), la Política de Paz con Legalidad, la Política Exterior y la Política Integral para enfrentar el problema de las drogas, Ruta Futuro.
Uno de los cambios trascendentales de la política es calificar el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como el interés nacional principal y prevalente, y por lo tanto, se convierte en un asunto de seguridad nacional su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación.
En el documento, además, se establecen cinco pilares sustanciales que buscan conducir al Sector Defensa hacia una transformación estratégica orientada a garantizar la dignidad humana y la protección de toda la población y del territorio, además del respeto y vigencia de las instituciones para procurar el bienestar y el imperio del orden jurídico y de la democracia.
El primer pilar es el reconocimiento del agua, biodiversidad y medio ambiente como activos estratégicos de la nación. Este reconocimiento se hace necesario en un contexto global en donde se prevén eventuales conflictos por el acceso y control de estos recursos, de los que Colombia goza de innumerables fuentes.
El segundo pilar establece la seguridad cooperativa, esto es modelos de seguridad internacional basados en la cooperación de los Estados para garantizar la seguridad y la paz internacionales, en el marco del derecho internacional, como herramienta a través de la cual se busca potencializar la diplomacia para la defensa, al tiempo que se mantiene la capacidad disuasiva.
El tercer pilar propone la disrupción del delito, con énfasis en el desmantelamiento de las economías ilícitas. El foco se concentrará en afectar toda la cadena de valor ilegal, así como las demás actividades asociadas y los bienes producto de estas, al igual que golpear a los grupos criminales en todo su espectro.
El cuarto pilar hace énfasis en la intervención y recuperación de los territorios, en especial en aquellas zonas donde se concentran problemas de seguridad, con vacíos o precaria institucionalidad. Dado lo anterior, la política estableció intervenciones que permitieran pasar de un control netamente militar a un control institucional del territorio.
De aquí se desprenden las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), espacios territoriales donde se concentran altos índices de criminalidad, necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema, población en condición de vulnerabilidad, además de constituirse como espacios geográficos de interés nacional por su valor medio ambiental, en recursos hídricos y/o biodiversidad. Uno de los principales esfuerzos se centrará en sustituir economías ilícitas por lícitas para generar legalidad, oportunidades de emprendimiento y nuevas formas de desarrollo en estas regiones.
Finalmente, el quinto pilar contempla los avances en innovación, ciencia y tecnología, que buscan estar a la vanguardia a la hora de contrarrestar las nuevas modalidades de acción que desarrollan las organizaciones criminales. Frente a los llamados “ceses al fuego bilaterales”, la Política rechaza esa figura como una posibilidad por estar en contravía de la obligación constitucional que tienen las autoridades de garantizar permanentemente la vida, honra y bienes de los colombianos.
Esta nueva carta de navegación no tiene ambigüedades en materia de seguridad y en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, para realizar procesos de disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley, se deberán cumplir dos condiciones: concentrar toda la estructura armada en espacios geográficos delimitados y cesar todo tipo de actividad criminal.