Por ahora no habrá ‘fracking’ en Colombia
Los procesos de licenciamiento ambiental para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales que cursan en la Anla y en la ANH se mantendrán quietos, luego de que el Consejo de Estado decidiera mantener las medidas cautelares sobre estos proyectos pilotos, más conocidos como ‘fracking’.
Durante cerca de un año estos proyectos fueron suspendidos y con esta decisión se mantendrán así.
La decisión de la sala derrotó la ponencia que pedía revocar las medidas cautelares, con lo que se opone al recurso de súplica del Ministerio de Minas y Energía.
Frente a esa suspensión de noviembre del año pasado, el Gobierno había presentado un recurso de súplica, pidiendo que se levantaran las medidas cautelares.
Inicialmente, la discusión estuvo programada para el jueves 29 de agosto, pero fue aplazada para hoy martes 10 de septiembre, cuando el Consejo de Estado decidió mantener vigente la suspensión. El consejero Martín Bermúdez fue el ponente en este proceso, y presentó a sus compañeros de sala una ponencia para ser discutida. En todo caso, aunque la suspensión sobre la regulación del fracking se mantiene, la decisión de fondo sobre el asunto tomará más tiempo.
A no dudarlo, es la discusión más importante en los aspectos ambiental y energético del país es, de lejos, la que se está dando en torno de este sistema para la extracción de petróleo, frente al cual se anidan posiciones confrontadas, lo que impone una cuidadosa reflexión por parte del Consejo de Estado, que ahora tiene la responsabilidad de tomar una decisión de fondo sobre si libera o no las normas técnicas que permitirían el arranque del piloto para la exploración de yacimientos no convencionales bajo el método del fracking.
Los ambientalistas aducen que este sistema contamina el medioambiente, principalmente sus fuentes de agua, lo cual traería graves efectos a la salud humana, animal y vegetal, así como consecuencias negativas a la economía rural.
De otra parte, los técnicos responsables de la planeación del crecimiento de la productividad del país, aducen que sin la utilización del fracking se perderían la posibilidad de triplicar las reservas energéticas, de contar con ingentes recursos para financiar las políticas sociales, la condición de país exportador de hidrocarburos, y cuantiosas divisas de inversión extranjera directa, todo lo cual repercutiría sensiblemente en la dinámica de crecimiento, y la necesaria proyección y planeación de nuestro futuro energético.
De la misma manera, que la nación se vería notablemente afectada por la escasez de combustibles para el normal funcionamiento de todos los sectores sociales, ya que en menos de ocho años estaremos abocados a importar petróleo y gas, lo cual se agrava en cuanto Colombia todavía no es ciento por ciento receptora de energía hidráulica, y que la energía térmica (a gas) es en alto grado utilizada en regiones como la Costa Caribe, la cual vería restado su desarrollo sostenible por los altos costos asociados a la compra de fluido eléctrico y combustibles.
Si hoy los ambientalistas celebran que el Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares de suspensión de las referidas normas técnicas demandadas, tanto Ecopetrol como los inversionistas del sector de hidrocarburos y, en general, el sistema productivo nacional, esperan la definición de este tema para adoptar decisiones relativas a la continuidad de sus operaciones en Colombia o en cómo adaptarse al hecho que, sin el fracking, todos los fundamentales sobre los que se soportan las proyecciones financieras nacionales tendrían que revisarse, al dejar de contar con la renta petrolera y su efecto sustancial en la reducción de las regalías que hoy se reparten entre los entes territoriales.
Como queda claro, la discusión es eminentemente técnica. Por lo tanto, sería un error introducirle elementos ideológicos que no propicien la discusión sensata e imparcial que debe darse en el seno del Consejo de Estado el cual, al no haber acogido la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que detiene el fracking en el país, tiene el deber de definir con prontitud el rumbo que seguiremos en esta materia, ya que la incertidumbre y demora en la toma de decisiones en asunto tan sensible y trascendental para el futuro del país, merece la mayor prioridad.