¿Volverá la guerra contra los líderes sociales?

POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA

Durante cinco días Valledupar fue el escenario de la Semana para la Paz ‘Soy y somos territorio de Paz’, actividad dirigida a formar espacios para que los afectados de la violencia del país exijan las reparaciones individuales y colectivas dentro de la sociedad y que las entidades conozcan los avances de estos procesos.

Aunque se aplaude la participación de diferentes empresas y panelistas que, desde su experiencia y aportes, han logrado mejorar el tejido social sobre todo de aquellos afectados en las zonas rurales; estos mismos, se atreven –aunque con miedo y bajo el anonimato – a expresar su experiencia como víctimas; y  mostrar como el pronunciamiento de un nuevo rearme comienza a agrietar el camino ya construido.

Durante el desarrollo del quinto subcomité de prevención y garantías de no repetición que se realizó de manera extraordinaria debido a nuevos panfletos amenazantes a líderes del centro y sur del Cesar; uno de los amedrentados narró su historia.

A quien llamaremos Luis para proteger integridad es un representante legal de la Asociación de Víctimas ante una de las diferentes mesas municipales que trabajan sobre el tema.  Su ‘zozobra’ como la califica, comenzó un 6 de diciembre de 1987 cuando las Farc, ELN y Autodefensas invadieron Pueblo Bello, un municipio ubicado a tan solo 56.3 kilómetros de Valledupar (1 hora y 14 minutos en carro).

Relató cómo les tocó vivir la primera masacre en el preciso momento en que los grupos comenzaron a tomar ‘poder’ en esta zona rural, “fueron muchas muertes, el pueblo estaba atemorizado, los impactaos de  balas parecían el canto de los pájaros y las lágrimas de los ciudadanos el sonido natural del pueblo”.

La segunda matanza fue en 1989 y desde ahí, hasta el 2016 (cuando se inició el proceso de Paz) varios defensores fueron silenciados, según los datos de Luis: hubo 82 homicidios registrados, 12 casos de violencia sexual, 4 historias de desaparición forzada, el mismo número de falsos positivos; y agrega que un 100% de la población fue víctima por desplazamiento forzado. Solo en esta parte del Cesar.

De inmediato y con sigilo, se fueron rumorando posibles financiadores de estas estructuras delictivas: “Una vez yo denuncie a líderes políticos que aportaron a al financiamiento y logística de estos grupos, aunque fue bajo reserva, a los días recibí la llamada de un candidato a la alcaldía de este municipio –que después fue alcalde – ese día me dijo ‘te metiste en camisa de 11 balas’, ahí me preocupé como nunca en la vida”.

Ha recibido intimidaciones con armas de fuego, avisos de que será arrollado por un vehículo y dejar su muerte a merced de un repentino ‘accidente de tránsito’; ha recibido llamadas y ha visto colegas muertos.

Lo preocuparon pero no le afectaron, hasta que la odisea llegó tocando la puerta de su familia: “Con ellos nunca se han metido, pero comencé a ver a mi papá, mamá, hermanos, esposa e hijos sufrir y vivir angustiados por las amenazas, ahí decidí apartarme un poco de lo social.  Afortunadamente el problema ha sido solo conmigo”.

LA OTRA PUERTA AL MIEDO

Aunque define que en el 2016 con los Acuerdo de Paz firmados en La Habana se había despertado la tranquilidad, esperanza y entusiasmos en los sectores rurales, el anuncio realizado por alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘Santrich’ sobre un ‘rearme’ y la conformación de una nueva ‘estructura criminal’ regresó el caos, preocupación y angustia sobre todo en la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta.

LAS BACRIM SON ‘EFICIENTES’

Imelda Daza Cotes, miembro del partido Unión Patriótica, fue una de las asistentes a este quinto subcomité realizado.  Su postura al conocer tantos casos de amenazas –y ser una de las víctimas – fue contundente y clara, pues dice que las ‘Águilas Negras’, quienes firmarían las más resientes intimidaciones, son un grupo ‘eficiente haciendo inteligencia en el territorio nacional’.

Para ella, dentro de los trabajos más puntuales de los delincuentes, está identificar a quienes tienen una voz y opinión diferente a sus ‘reglas de juego’. Y se cuestionó: “¿Por qué esa misma eficiencia no existe desde el Gobierno Nacional para identificar a los responsables contra los crimines sociales?”.

Además, en medio del relato de uno de los líderes  se preguntó: “¿Quiénes son las Águilas Negras?, ¿Cuándo se ha acusado personalmente a alguien de pertenecer a este grupo? nos vienen amenazando durante años y no hay detenidos, ¿o acaso son  una fuerza oscura o de inteligencia estatal?”.

FIRMARÁN PACTOS A FAVOR DE DEFENSORES DE LOS DD.HH

Así las cosas, Jesualdo Hernández, líder de la Oficina Asesora de Paz en el Cesar, indicó que se firmarán los compromisos pactados durante el encuentro entre líderes y entidades públicas; Gobierno Cesar, Defensoría y Fuerzas Militares apoyarán lo propuesto.

En el pliego se encuentra: custodiar los sectores de la Sierra Nevada y Serranía del Perijá por presencia de grupos armados; acompañamiento a los amenazados de distintos municipios, reparación integral de las comunidades y la materialización de los Planes de Desarrollo Nacional con Enfoques Territoriales.

“Trabajaremos en dar respuesta sobre quiénes son las Águilas Negras y analizaremos todo lo que ha acontecido en el corredor minero del Cesar”, dijo al tiempo en que afirmaba se trabajará con la Fiscalía para dar con los responsables de las intimidaciones en Becerril, Pueblo Bello, Valledupar, Pailitas, Pelaya y Gamarra.

PRESTARLE ATENCIÓN A LAS ALERTAS TEMPRANAS

Esta semana desde Medellín, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que el error de las estrategias de protección a líderes ha sido “la ‘bogotanización’ de las políticas del país”.

El funcionario sostuvo que “toda Colombia fue testigo del asesinato de una candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) esta semana, y esto sigue desangrando el alma”.

Para Carrillo, “las alertas del defensor siguen dando la razón, donde hay una alerta viene casi inmediatamente un hecho que lo corrobora, que en muchos casos ni siquiera es atendida por el Estado”.

El procurador fue tajante en afirmar que “cada muerte de un líder social es la muerte a pedazos de la Constitución, es la muerte por goteo del conjunto de derechos, que estamos defendiendo todos desde 1991, y por eso hay que frenarlo”.

Sostuvo que en el país es fundamental defender la paz y a movilizarse en defensa de los líderes y defensores de Derechos Humanos.

“Los que están incitando a la población colombiana en este momento a revivir unas guerras que Colombia no quiere, son simplemente unos derrotados que fracasaron en la guerra y en la paz, y van a fracasar de nuevo en ese intento por devolver a Colombia al pasado, porque hay que seguir apostando al futuro, a la paz, y no al pasado y a la guerra”, indicó el Procurador General.

Carrillo Flórez lideró el lanzamiento de la campaña Lidera la Vida en la capital antioqueña. Durante el evento, el funcionario expresó que la iniciativa, realizada en trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Naciones Unidas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), entre otros organismo, “es una campaña de defensa de la paz”

 “Aquí cada muerte de un líder social es la muerte a pedazos de la Constitución, es la muerte por goteo del conjunto de derechos, que estamos defendiendo todos desde 1991, y por eso hay que frenarlo”.

Carrillo Flórez afirmó que el error de las estrategias de protección a líderes ha sido la ‘bogotanización’ de las políticas del país. “Esto no se resuelve en una reunión en casa de Nariño en Bogotá, sino con los pares locales”, y lamentó que “nos estamos quedando cortos a la hora de parar, de ponerle freno al desangre desde el punto de vista humanitario del asesinato de los líderes sociales”.

 “Toda Colombia fue testigo del asesinato de una candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) esta semana, y esto sigue desangrando el alma”, lamentó Carrillo Flórez, al tiempo que pidió ‘pararle bolas’ a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

 “Las alertas del defensor siguen dando la razón, donde hay una alerta viene casi inmediatamente un hecho que lo corrobora, que en muchos casos ni siquiera es atendida por el Estado”.

 El Procurador hizo un llamado a defender la paz y a movilizarse en defensa de los líderes y defensores de derechos humanos.

 “Los que están incitando a la población colombiana en este momento a revivir unas guerras que Colombia no quiere, son simplemente unos derrotados que fracasaron en la guerra y en la paz, y van a fracasar de nuevo en ese intento por devolver a Colombia al pasado, porque hay que seguirle apostando al futuro, a la paz, y no al pasado y a la guerra”, puntualizó.

MISIÓN DE LA ONU

Recientemente finalizó a su visita de tres días en Colombia una misión de la ONU, pero antes de alzar el vuelo le dejó una gran tarea al país: cortar por lo sano los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros de las Farc , que desde 2016 forman un mapa de muerte de más de 462 personas, según la Defensoría del Pueblo, y más de 800, según la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo, y el movimiento Marcha Patriótica.

“Compartimos la preocupación por los asesinatos. Eso es algo que nos llevamos como elemento a considerar”, afirmó el presidente del Consejo de Seguridad, el embajador peruano Gustavo Meza-Cuadra, dando voz a otros 14 miembros presentes. Y es que, sin esa garantía, lo que podría deparar al Acuerdo de Paz también es una muerte, un desfallecimiento de la implementación.

O al menos así lo sintieron los enviados del organismo en su última jornada, centrada en Caldono, Cauca, departamento símbolo de estas muertes y uno de los más afectados por la guerra. Desde allí pudieron oír de cerca el reclamo de líderes sociales y excombatientes, que sienten una fuerte violencia en su contra, mientras intentan cambiar el país o reincorporarse a él.

 “Aquí tenemos tres proyectos muy grandes. Tenemos uno de aguacate, uno de porcicultura y también aprobamos uno de truchas. Es una comunidad bastante integrada y en estos proyectos están participando no solo los exguerrilleros, sino la comunidad de los alrededores”, detallaba a los embajadores Emilo Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

En su última jornada, los representantes de la ONU visitaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Rosa, donde varios exguerrilleros de las Farc siguen una integración a la vida en sociedad. De hecho, el Cauca, con 457 excombatientes, es el tercer departamento con mayor población en proceso de reinserción a la vida civil, y tiene hasta cuatro centros ETCR en los que los exguerrilleros fabrican productos artesanales y cultivan verduras y frutas.

Mientras Duque y su Gobierno lidian con todos los puntos del acuerdo que están pendientes, en especial sobre los asesinatos a líderes y exguerrilleros, piden al órgano de la ONU que prolongue un año más la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, ya que “su acompañamiento es vital para este proceso”, firmado el 24 de noviembre de 2016 y que aún se está ajustando a la realidad.