El panorama de la educación superior
En Colombia funcionan 300 instituciones de educación superior (IES), denominación que comprende tanto a universidades como a instituciones de educación técnica y de educación tecnológica. De ellas, 85 son universidades. Con el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación que ha habido en las últimas décadas, se ha pasado de la educación presencial a nuevas modalidades del proceso de enseñanza – aprendizaje como son la educación semipresencial, a distancia, virtual, dual y otras más.
Dichos avances han implicado un cambio profundo en el sistema de educación superior y tanto las instituciones educativas como los docentes, estudiantes y la colectividad deben adaptarse al hecho de que actualmente no hay modalidad de aprendizaje que sea mejor o peor que otras para impartir conocimiento y habilidades, sino instituciones académicas que sepan adaptarse a los profundos cambios producidos y sean capaces de ofrecer educación de alta calidad tanto para quienes estudian presencialmente como para quienes lo hacen a distancia, o usando medios de comunicación digitales.
Actualmente las instituciones de educación superior no solo pueden estar presentes para quienes asisten a sus campus universitarios sino también para millares de estudiantes que, viviendo en territorios lejanos a dichas sedes académicas, desean adquirir conocimiento, actualizar lo que aprendieron en determinada área del saber. El avance de los medios de comunicación ha logrado que para estudiar no se necesite hacer grandes desplazamientos físicos, sino usar adecuadamente los medios digitales para cursar estudios de pregrado y de posgrado en centros de educación de alta calidad académica.
Para ponerse a tono con tales avances, ante las solicitudes del sector académico que pedían una legislación apta para tales cambios, fue expedido el Decreto 1330 de julio de 2019, que empezó a regir el pasado 1 de agosto, norma que modificó la tramitación del registro calificado que las instituciones de educación superior deben solicitar y obtener del Ministerio de Educación para ofrecer un determinado programa de pregrado o de posgrado.
Se espera que con tal norma se agilice la tramitación de los registros calificados, se incentive la oferta de programas virtuales y a distancia, se logre integrar al país en materia de educación superior de alta calidad, se fomente la investigación y se ayude a que millones de colombianos puedan seguir adelante en sus estudios.
Ha tomado fuerza la idea de crear una Superintendencia de Educación para que en nombre del Estado ejerza control y vigilancia de las instituciones de educación superior; se espera que con ello mejore la situación
Hace varias décadas tomaron fuerza la inconformidad y las protestas promovidas por sectores académicos y de opinión que consideraban que el Estado dificultaba sobremanera la autorización para crear universidades e instituciones de educación superior.
Ello desembocó en que el Estado abrió la exclusas, se multiplicó el número de instituciones de educación superior, hasta llegar a lo que estamos viviendo: hay un crecido número de ellas en los cuatro puntos cardinales del país y es evidente que la función de control y vigilancia que sobre ellas ejerce el Ministerio de Educación, la infraestructura y las herramientas que para eso tiene, son insuficientes. Una Ley de 2.014 regula la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, hay procedimientos de control para ello, pero se considera que son insuficientes y que dicho Ministerio no está cumpliendo debidamente con tal función; además, está siendo juez y parte al ser quien fija las políticas públicas y a la vez vigila a las universidades.
Actualmente hay varias decenas de universidades e instituciones de educación superior que están en crisis originadas en deficiencias e irregularidades administrativas, financieras, institucionales, baja calidad académica, desorden contable, desvío de recursos, insuficiente flujo de efectivo para pagar la nómina de profesores, de personal administrativo y una amplia gama de irregularidades. Contra buen número de ellas el Ministerio de Educación está adelantando procedimientos de inspección y vigilancia.
Hay instituciones de educación superior de carácter privado constituidas como formas asociativas sin ánimo de lucro (fundaciones, corporaciones, cooperativas, etc) pero es palpable que tienen ánimo de lucro y no reinvierten debidamente los excedentes monetarios que obtienen en mejorar sus servicios; son emporios de familias y a través de ellas se lucran.
En diversas universidades e instituciones de educación superior hay debilidades en la planeación del presupuesto, en la contratación de funcionarios, en la gestión administrativa, en la asignación salarial; el Ministerio de Educación no ha logrado prevenir a tiempo lo que en ellas ocurre y cuando actúa, ya la crisis es profunda.