Acuerdo de paz: errores en serie
La declaración de guerra de “Iván Márquez”, “el paisa”, “Romaña”, “Jesús Santrich” y otros guerrilleros de las Farc, no debe tomar a nadie por sorpresa.
Los errores cometidos por los órganos estatales y los incumplimientos han sido muchos y ostensibles, desde la firma del primer Acuerdo de Paz (Cartagena, 26 de septiembre de 2016). El primero de todos: la burla de la voluntad popular expresada en el innecesario plebiscito del 2 de octubre de ese año, en pos de un premio; la firma de un segundo texto (24 de noviembre de 2016), más voluminoso e intrincado que el anterior; el “Fast track”; la aprobación apresurada y sin discusión de los proyectos de reforma constitucional y legal; la debilidad del control de constitucionalidad y las confusas y contradictorias sentencias de la Corte Constitucional -que acaba de criticar, con razón, el propio “Iván Márquez”-; la creación de la JEP mediante normas oscuras e incoherentes,sin delimitar competencias; la elección de los magistrados de la JEP por parte de extranjeros; la posesión de los magistrados de la JEP antes de expedir las normas procesales y estatutarias; la falta de previsión en materia presupuestal para cumplir lo pactado (y hay incumplimientos), entre otros puntos deleznables.
“Jesús Santrich”, solicitado en extradición por Estados Unidos, estuvo preso durante un año a la espera de que se le definiera su situación jurídica; la JEP no decidía, y cuando decidió, lo hizo por fuera de su competencia, declarándolo no extraditable y dejándolo en libertad. Nuevamente detenido, no perdió su investidura porque el Consejo de Estado consideró que la no posesión obedecía a “fuerza mayor”; y la Corte Suprema de Justicia le reconoció el fuero de congresista sin posesión; no tramitó el proceso y ordenó su detención solamente tras la fuga. La JEP no ha resuelto sobre el recurso presentado por la Procuraduría.
En cuanto a “Márquez”, “el paisa” y “Romaña”, la JEP no les exigió su presentación; fue débil ante ellos; admitió cartas y abogados, sin presencia de los procesados, y ahora, tardíamente, inicia los trámites para sacarlos de la Jurisdicción (de la que no pueden ser excluidos porque ya se salieron), y todavía sólo hay lamentos públicos de los funcionarios -diciendo que confiaron y que se traicionó su confianza-, pero no profieren decisiones judiciales.
Y quienes proyectaron las equivocadas normas dicen que “no se debe armar una tormenta en un vaso de agua”. Pero “Márquez” y sus amigos –a quienes no va a capturar Guaidó- le han vuelto a declarar la guerra al Estado y han destrozado el Acuerdo de Paz.