Procuraduría indaga contratos que señalan a gobernadora y representante de San Andrés
Uno de los frentes de la indagación se concentra en la gestión del Hospital Departamental y en actuaciones atribuidas a la gobernadora Girley Ordóñez y a su cónyuge, quien, según las denuncias, ejercería control sobre la contratación en el archipiélago.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La actuación comprende contratos que habrían beneficiado a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, así como actuaciones relacionadas con la gestión del Hospital Departamental y la gobernadora Girley Ordóñez.
En uno de los ejes de la investigación, el organismo de control examina cuatro contratos suscritos entre 2018 y 2024, cuyo valor conjunto asciende a 1.709 millones de pesos y que habrían beneficiado a Vonblon Pomare. La Procuraduría busca establecer si existió algún tipo de favorecimiento en la contratación con el cónyuge de la congresista.
Entre los asuntos bajo revisión también figura la adquisición directa de un inmueble en el edificio Coral Palace, destinado al proyecto de alcantarillado pluvial del distrito, por un valor de 7.000 millones de pesos. De acuerdo con los datos de la actuación, la Secretaría de Infraestructura desembolsó el 24 % de ese monto, equivalente a 1.700 millones de pesos. El organismo busca esclarecer las condiciones de esta operación y determinar si se presentaron irregularidades.
Un segundo frente de la indagación se concentra en la gestión del Hospital Departamental y en actuaciones atribuidas a la gobernadora Girley Ordóñez y a su cónyuge, quien, según las denuncias, ejercería control sobre la contratación en el archipiélago.
En este caso, la Procuraduría revisa presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios con terceros, pese a que el centro asistencial contaría con equipos para prestar esos servicios directamente. También examina posibles incumplimientos en el pago de la nómina médica durante varios meses, la falta de contratación para la disposición de residuos peligrosos y un eventual favorecimiento a familiares de autoridades departamentales.
Como parte de las diligencias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos e identificar a los posibles responsables disciplinarios, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud documentación relacionada con el hospital. Entre los elementos requeridos se encuentran copias de contratos, hojas de vida e información sobre los procesos de contratación de la institución.
La apertura de la indagación preliminar busca establecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar si hay mérito para avanzar en las actuaciones disciplinarias correspondientes.
/BLU RADIO