Las historias ‘disfrazadas’ de vendedores informales
Muchos ciudadanos recurren a la venta ambulante por la necesidad de empleo para poder subsistir / RICHARD DANGOND
POR:
EDUARDO
MOSCOTE SIERRA
Este mes de agosto, el gremio de vendedores estacionarios, semiestacionarios, ambulantes, periódicos y ocasionales celebraron la sanción de la Ley 1988 de 2019, que establece los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública a favor de este grupo.
El pasado lunes 12 de agosto a las 11:30 a.m. en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia Iván Duque, obligó a las alcaldías a reintegrar en espacios no aislados a estos trabajadores de actividades ‘informales’; y que de los locales arrendados, se asigne un 1% para salud y pensión.
Los ministerios de Trabajo e Interior se encargarían de desarrollar actividades basadas en las nueve acciones dirigidas a la recuperación del espacio público en un plazo de 12 meses.
En Colombia hay más de 50.000 vendedores ambulantes reconocidos; en Valledupar se acentúan 4.000 de ellos, cada uno con una historia de supervivencia en la que las inclementes temperaturas vallenatas, el transcurrir de la gente; el tráfico y los rincones de la ciudad son testigos.
Sobre la carrera 10 con calle 16 entre la zona céntrica, edificios administrativos; reconocidos hoteles y almacenes de marcas se encuentra hace 23 años Emilio Guerra, vendedor de jugos naturales en el espacio público.
Inició a las 23, y hoy tiene 54, no ha conocido otro medio para subsistir a falta de oportunidades de empleo por el Estado. Así lo manifieste el señor.
La labor la considera difícil y crítica, pero que genera la satisfacción de una plata luchada. Sin embargo aporta, que contenerse a las humillaciones y algunos abusos de ciudadanos y Policías ha sido la más ‘fuerte’ prueba de paciencia y ganas de seguir adelante.
En una ocasión delegados de la oficina de Espacio Público Municipal y miembros de la Policía llegaron al que ha sido su puesto de trabajo durante largo tiempo y decomisaron su herramientas de trabajo: una carretilla, un recipiente de cinco litros en vidrio, las frutas (patillas y naranja) dos sillas y canasta, objetos que redondo los $300.000.
“Yo me opuse, me reboté y me llevaron preso a mí también. Lo que más me dolió fue la expresión del agente: ‘a mí no me interesas tú, yo me estoy ganando mi plata’, me quedó marcada siempre”, relató Guerra.
Aunque los años de servicios informales, han hecho ganarse la amabilidad de la gente, quienes sagradamente llegan por un juego de patilla que prepara en su espacio: a punta de buen hielo, azúcar y la materia principal; él sí pide más colaboración por la administración.
“Nosotros soportamos sol, agua, no tenemos garantías. Con la Ley presentada y la disposición del alcalde sé que podemos mitigar no solo la invasión del espacio público sino, las garantías laborales de muchos ciudadanos”.
En el último registro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Valledupar se ubica como la segunda ciudad con más desempleo en Colombia, con un promedio de (16,2%), solo un 0,5% menos del trimestre marzo-mayo, (16,7%). La primera es Quibdó.
LOS AÑOS HICIERON QUE UN CHEF VENDIERA JUGO EN LAS CALLES
Fabio Martínez es un chef que llegó en 1996 de La Dorada Caldas, un municipio que se encuentra a 692 kilómetros de la capital del Cesar, unas 10 horas 43 minutos de camino terrestre. Las melodías del acordeón y la belleza de las valduparense hicieron que se radicara.
De entrada tuvo suerte, pues obtuvo un trabajo de cocinero en un restaurante prestigioso. Pero, la edad, las canas y las arrugas ya estaban marcando en la administración del lugar un necesario cambio; fue así como en el 2011 fue retirado de su cargo.
Comenta que al ver el apretón financiero no tuvo otra opción que dedicarse a vender jugos de naranja y limón en la zona céntrica de la ciudad. Así han pasado 15 años recibiendo afectaciones de la Policía y abusos que deberían ser castigados: empujones, maltrato y agresiones verbales, son algunas de lasmencionadas por Fabio.
“Pero esto no es productivo, solo se ganan unos $20.000 o $30.000 diarios y para quienes debemos de pagar arriendo y comida, no es rentable”.
¿POR QUÉ CONTINÚAN EN ESTA LABOR?
A cualquier hora del día y vendiendo cualquier tipo de personas: en el centro, mercado público, carrera novena, Avenida Los Militares, carrera séptima; lascalles 16, 17; y el balneario hurtado, se observan vendedores informales caminar y trabajar sin la más mínima preocupación. Los sectores están previamente identificados por la Secretaria de Gobierno Municipal.
La Oficina de Espacio Público Local venía aplicando estrategias para recuperar los terrenos del municipio pero, con la conocida ‘Ley de la empanada’ (ley 1988), que se concretó luego de que un joven universitario en Bogotá recibiera una multa por $800.000, al ser sorprendido comprando una empanada de $1.000 en las calles.
Este tipo de acciones legales, son para el vendedor y el comprador ‘abusos’ de los facultados de vigilante de los espacios, situaciones que en reiteradas ocasiones terminan en enfrentamientos. Y aunque es un mal predecible, ¿por qué se sigue actuando de tal manera?
Según explica el sociólogo Efraín Carillo son acciones que permiten buscar amparos de las precariedades económicas de un sector específico y proteger lasnecesidades básicas –económicas- del ser humano: la comida, un techo y cómo subsistir diariamente.
“Muchos deciden romper las reglas del estado buscando salvaguardar a su familia y generarla una estricta protección. Mucho solo se cuestionan bajo dos preguntas: o paso hambre, o me enfrento a la calle. La segunda es la escogida y seguramente la más valiente. Y el número de personas dedicadas a esta actividad aumentará a la medida que noten los olvidos a sus derechos fundamentales”.
Asimismo dicen basan sus cuestionamientos sobre lo que traducen como falta de equilibrio social, deducción que se da al notar que gran parte de los beneficiados de las acciones del Gobierno favorecen a estratos uno y dos; y no a los mal clasificados cero.
“Las calles la van viendo como un lote, gratis, sin pagar IVA ni impuesto; en donde pueden y se sienten con el derecho de forjar la micro o macroempresa que tengan. La invasión del espacio público es un problema que, aunque atendido, no está subsanado de raíz”, expresó Carrillo.
PELUQUERÍAS AMBULANTES
Una mujer de 32 años quien no quiso revelar su nombre por temor de ser deportada, pues es una de las más de 27.857 ciudadanos venezolanos radicados en Valledupar que huyen del régimen actual que pasa el vecino país. Se dedica a la peluquería, el arreglo de cejas y cabello exactamente en el callejón de Pedro Rizzo.
Pero, a mes y medio de la advertencia de la Oficina de Espacio Público Municipal en aplicar la Resolución 117 de 2010 que resalta las normas y reglamentos para este tipo de negocios, tomando en cuenta que los trabajos estéticos pueden ocasionar riesgos para la salud pública, cuando se ejecutan sin el cumplimiento de las normas de higiene y bioseguridad.
“Entonces no sabemos qué hacer; igual están algunas conocidas que venden café y manillas, que se sienten perseguidas porque sin obstruir el espacio les prohíben. Y no solo venezolanos estaremos afectados, sino los colombianos y vallenatos, son de ellos los locales. Ternemos hijos y pasamos hambre, no ayudan. No robamos, pero nada les acomoda”, acotó.
En conversaciones con DIARIO DEL CESAR el pasado mes de julio, y en el informe “En tres meses retirarán peluquerías ambulantes en callejón de Pedro Rizzo”, Manuel Mercado, jefe de la Oficina de Espacios Públicos, informó que en el 2018 la alcaldía entregó permisos a vendedores estacionarios en el callejón de Pedro Rizzo.
Sin embargo, “la decisión fue transformada en un negocio y los dueños arrendaron los espacios para instalar esas peluquerías que hoy día han creado anarquía en el lugar. Por eso, junto a representantes de la Secretaría de Salud Local, exhortó a propietarios a legalizar los negocios en un lapso de tres meses, o de lo contrario se procederá al desalojo, por cuanto es una actividad que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia”.
POCOS COMPARENDOS
Aunque no hay un reciente informe, el medio en reiteradas consultas conoció que hasta el mes de marzo en Valledupar se habrían aplicado cerca de 10 comparendos por invasión del espacio público. En el 2018 la ciudad cerró con 131. Todos basados en el artículo 140 del Código Nacional de Policía.
En el mismo, “se establece este comportamiento como una infracción general tipo 1, lo que amerita un costo de cuatro salarios mínimo legales diarios vigentes: $110.000”.
‘LEY DE LA EMPANADA’
Algunos expertos han catalogado como ‘ambicioso’ este pronunciamiento que beneficiaría a más de 1.600.000 vendedores en el país; los mismos recibirían capacitaciones, serán carnetizadosy tendrán seguridad social para quienes devenguen un (1) salarios mínimo.
Carlos Guevara su autor, ante los medios nacionales sonó convencido de que a través de estos proyectos productivos y locales de interés social se puede generar trabajo digno y recuperar, de la misma manera, el espacio público.
“El sitio de reubicación no debe estar aislado, se debe identificar las necesidades en salud, fomentar estrategias que los ayude a pasar de la informalidad a la formalidad; Destinar 1% de lo cancelado en espacio público para su ahorro de vejez y los Planes de Ordenamiento Territorial deben fomentar espacios para este gremio”, dijo Guevara.
Se solicitará a las ciudades desde el Estado, censos actualizados para priorizar a quienes llevan más de 15 años en el servicio, adultos mayores, madres cabeza de hogar; y se activará una ruta de atención especial para la población infantil.