Diario del Cesar
Defiende la región

¿Por qué el interés en negociar la ilicitud?

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El país ha quedado perplejo ante el contundente fallo consignado en un  documento de casi 700 páginas, del Tribunal de Arbitramento que dictaminó  la invalidez del contrato celebrado entre la Concesionaria Ruta del Sol II (léase bien Odebrecht y sus socios corruptos) y el entonces Instituto Nacional de Concesiones (que posteriormente pasó a ser la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI). La decisión, en síntesis, señaló que dicho contrato fue “celebrado con abuso y desviación del poder”. Con enormes visos de ilicitud, donde posteriormente quedó al descubierto toda la porquería que se ha venido a conocer alrededor de lo que ha representado el mayor pago de sobornos en la historia de la contratación pública en Colombia, debidamente soportados por la justicia, en este caso, la Fiscalía General de la Nación y organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Y decimos que el país está atónito, porque días antes al fallo todos vimos la insistencia, el apuro con manifestaciones de desespero de la señora Ministra del Transporte Ángela María Orozco, quien a nombre del gobierno del Presidente Duque le advertía a la Nación que loo mejor era pagarle a los socios de Odebrecht más de un billón doscientos mil millones de pesos por las obras de la Ruta del Sol II, porque así era el mejor negocio para los intereses del Estado; que además, estaba negociando los intereses de mora generados por esa deuda con los bancos, quienes son terceros de buena fe. Semejante despropósito, semejante propuesta indecente era liderada por la señora Ministra, que ahora paga escondederos a peso porque no tiene como mirarnos la cara a los colombianos después que el laudo arbitral no solo estimara en una suma inferior las pretensiones del corrupto consorcio, sino que se llega a la inequívoca conclusión que se estaba ante un contrato ilícito, adobado por numerosos artículos del Código Penal.

La decisión del tribunal fue unánime y los árbitros Carlos Mauricio González, Catalina Hoyos y Jorge Enrique Ibáñez  recordaron que hace cuatro años, se inició ante esa instancia el pleito con el que la Concesionaria le reclamaba al Estado colombiano 2.7 billones de pesos.

Sobre la decisión en sí, se dejó en claro que se declaraba la nulidad del contrato 001 de 2010 “celebrado por abuso y desviación de poder”, así como las nulidades de los absoluta por objeto y causa ilícitos del otrosí No.3 suscrito el 15 de julio de 2013, modificado en julio de 2104, y el otrosí 6 14 de marzo de 2014 junto con sus actas complementarias que le adicionaron al contrato 001”, se lee en el fallo arbitral.

Ese contrato tenía un valor de dos billones noventa y cuatro mil pesos y fue suscrito en septiembre de ese año por Gabriel García Morales (condenado por la cadena de sobornos de Odebrecht), David Eduardo Villalba Escobar, quien para la época de los hechos era subgerente de Estructuración y adjudicación de INCO, y Amilton Hideaki Sendai, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol II, este último tiene pendiente su comparecencia a la imputación de cargos por parte de la Fiscalía, era el que la Ministra venía defendiendo que se le pagara a los terceros de buena fe.

Pero veamos que dijo el laudo arbitral en materia económica: ordenan los

árbitros al pago de unos reconocimientos pecuniarios a favor de la Concesionaria Ruta del Sol II estimados en 211.273 millones de pesos. Un monto mucho menor del que en su momento habló la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que planteó que por los platos rotos del escándalo de Odebrecht elEstado debía desembolsar 1.2 billones de pesos para saldar las deudas a terceros de buena fe, es decir a la banca nacional, o no a la banca nacional, a los cuatro bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de cuyas empresas, dice la justicia, se sentó a manteles con Odebrecht a estructurar el entramado de corrupción que ya el país conoce. Pero el asunto no para ahí. Dice el fallo que para cancelar esos 211.273 millones de pesos, se ordenó a la ANI que disponga de los recursos que se encuentran en el fideicomiso Ruta del Sol II cuyo valor asciende a 187.056 millones, es decir que la ANI tendría que desembolsar $24.217 millones. Esa fiducia de los $187.056 es administrada por Corficolombiana, firma que no ha escapado a los sobornos de la multinacional brasileña al punto de que su expresidente José Elías Melo fue condenado por este escándalo de corrupción.

¿Por qué el afán de la Ministra en que los colombianos pagáramos de nuestro bolsillos un billón doscientos mil millones de pesos de un contrato que a todas luces terminó siendo un concurso de ilicitudes?

¿Tuvo instrucciones la señora Ministra de instancias superiores en salir a darse esa pela ante el país, el cual hoy le reprocha tan dudosa conducta hasta elpunto que no cesan las voces que reclaman su renuncia?.

¿Ese esa la manera como este Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción, poniéndonos cascaritas, o mejor dicho, trampas mañosas para que el Estado pague los platos rotos como era la propuesta de la Ministra?

Aquí algo huele a feo. Y están tratando de hacer como el gato, de tapar, y tapar y tapar, lo que en verdad no se puede tapar.

El Gobierno Duque promovió, ambientó y estuvo a punto de pagar un billón doscientos mil millones de pesos a un consorcio al que solo le debemos 24 mil millones. ¿Hay alguna explicación distinta a la retórica que ya se ha escuchado?