El hábil ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recordado por sus afamados ´Bonos de Agua´ que mantienen en la ruina a decenas de municipios a los que les vendió una idea hasta endeudarlos más allá de sus necesidades económicas; ha puesto sobre el tapete la venta de determinados activos de la Nación que apuntan lógicamente a que el Gobierno de la austeridad (para unas cosas, para otras no), disponga de plata en caja para poder cumplir con algunas de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Y es aquí donde el Congreso debe comenzar a vigilar para después no volver con la misma película del paño con lágrimas de cocodrilo y lamentarnos o sorprendernos con los negocios en los cuales es experto el señor Carrasquilla. A esos acuciosos congresistas interesados en los debates de control político, les cae como anillo al dedo el próximo zarpazo que se les dará a los activos de la Nación.
Desde luego que hay expectativa respecto de qué inversiones estatales serán vendidas, la valoración que de ellas se haga, las reglas de dichas enajenaciones y el destino que se dará a tales dineros.
Diversas entidades estatales del nivel nacional, departamental y municipal, algunas centralizadas, otras descentralizadas, tienen en cabeza suya participación accionaria en amplio número de empresas. Muchas veces dichos activos han llegado a ser propiedad del Estado por causas tales como la figura de la dación en pago. En otras oportunidades se trata de casos de política estatal en sectores estratégicos de la economía, como el eléctrico, o el petrolero, como sucede con las acciones de que es propietaria la Nación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), o las que tiene en Ecopetrol, en Artesanías de Colombia, en Bancóldex, en varias centrales eléctricas. La canasta es variada y el apetito por hacerse a ella es descomunal.
El ministro de Hacienda no ha ocultado su felicidad y ha dicho que desde el interior del Gobierno Duque se trabaja para que en el curso del presente año se determine la venta de activos en empresas como las descritas, por suma cercana a los seis billones de pesos, y para eso su cartera está preparando el texto de un decreto que establecerá las reglas de dichas enajenaciones, con base en la vía libre que a ello dio el Congreso a través de la Ley del Plan de Desarrollo.
No nos han dicho todavía qué activos serán los que se sacarán a la venta y qué destinación dará el Gobierno a lo que a título de precio entre a sus arcas como consecuencia de ello, con base a lo que en el pasado ha ocurrido con los dineros que han llegado al Estado por concepto de enajenación de activos de propiedad estatal.
Entre dichos activos estatales hay algunos que es prudente vender, como ocurre con las inversiones en empresas telefónicas, mientras genera inquietud en significativos sectores de la opinión la venta de acciones de propiedad del Estado en empresas pertenecientes a sectores estratégicos de la economía, por las repercusiones que ello puede tener para el país en el futuro inmediato y a largo plazo.
Hay otras empresas, como por ejemplo, Electricaribe, donde la Nación tiene asegurada una perdida superior a los 3 billones de pesos, salir de ella se constituirá en un negocio. Es decir, es tan oscuro el panorama de la intervenida compañía, que regalándola sin cobrar un solo peso, podría resultar mejor que teniéndola en las condiciones en que hoy se encuentra. Con Electricaribe pasó algo curioso: fue la misma Nación la permitió su saqueo por parte de los anteriores dueños; luego la recibió como cascarón; le inyectó más de 1.2 billones de pesos a través del cacareado Fondo Empresarial; le mantiene avales por $ 400 mil millones para que siga comprando energía y así evitar un apagón en la Costa, y de sobremesa adquirió su pasivo pensional por $ 1,5 billones para hacer atractiva su venta entres unos compradores que ya comenzaron a mostrar desprecio por ´tremendo hueso´.
Ojalá, repetimos, que el Congreso se interese por este debate de la venta de activos del Estado en el que se encuentra empeñado el actual gobierno.