Presidente Abelardo De La Espriella firmó decreto que levanta suspensión general de permisos para porte de armas de fuego en Colombia
El mandatario dijo que ‘esto no significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades’.
Tal como lo había dicho en campaña, este martes 8 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país.
El anuncio fue hecho público por el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X, en la que explicó que durante años la normativa vigente terminó por restringir únicamente a los ciudadanos que actúan dentro del marco legal, mientras que las estructuras al margen de la ley continuaron armándose.
Para sustentar la medida, se revelaron estadísticas oficiales que detallan el panorama del armamento ilegal en el territorio nacional. Según los datos expuestos, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estuvieron directamente relacionadas con la comisión de delitos.
El desglose de las incautaciones muestra la magnitud del arsenal en poder de los grupos armados ilegales. Al respecto, Abelardo de la Espriella señaló en X: “Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”.
Habrá controles fuertes para los permisos
Frente a este escenario, el pronunciamiento oficial enfatizó que el esfuerzo principal del Estado debe concentrarse en perseguir y desmantelar este poder de fuego criminal.
Asimismo, se aclaró que la determinación no representa la implementación de un porte indiscriminado, por lo que continuarán vigentes los requisitos, filtros y supervisiones a cargo de las autoridades competentes.
El alcance de la nueva disposición normativa busca establecer una distinción clara entre la población civil que cumple con las exigencias legales y las organizaciones delictivas.
Bajo esta premisa, la directriz gubernamental establece que se otorgarán garantías institucionales a los ciudadanos que se ajusten a la ley, al tiempo que se aplicará toda la fuerza legítima del Estado contra los actores armados ilegales.
Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales
/EL TIEMPO