Nuevo Código de Tránsito: expertos piden reducir costos sin poner en riesgo la seguridad vial

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un nuevo Código Nacional de Tránsito con el que busca reducir algunos de los costos que hoy deben asumir los conductores, entre ellos las multas, los trámites y la revisión técnico-mecánica.

Sin embargo, aunque varias de las propuestas podrían tener un impacto positivo en el bolsillo de quienes tienen carro o moto, su implementación requerirá cambios legales, criterios técnicos y, sobre todo, mantener la seguridad vial como prioridad.

Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, considera que reformar el Código es viable, pero advierte que no será un proceso inmediato. El proyecto deberá llegar “muy bien estructurado” al Congreso, donde tendrá que superar cuatro debates y podrá ser modificado por los congresistas.

Según el experto, si el Gobierno cuenta con suficiente respaldo político, el trámite podría tomar alrededor de un año y habría otro año para su aplicación.

Uno de los cambios que más interesa a los conductores es la reducción de hasta 50 % en las multas y la posibilidad de que estas sean proporcionales a la capacidad económica de quien comete la infracción.

Para Hidalgo, esto es posible, pero el principal reto está en establecer cómo se determinaría cuánto puede pagar cada persona. Entre las alternativas menciona utilizar el valor del vehículo o la información del Sisbén.

Sin embargo, considera que no basta con mirar los ingresos, pues también debería tenerse en cuenta la gravedad de la conducta. “Es muy distinto que un carro de alta gama cometa una infracción con un propietario de altos ingresos que un vehículo que es herramienta de trabajo para una persona de ingresos medios o bajos”, explicó.

Por eso, el experto plantea que las sanciones también sean graduales según la infracción.

“Por ejemplo, en el caso de que haya un exceso de velocidad muy alto la multa sea más alta por ejemplo en zona 50 que si va a 60 la multa sea ese 50% de reducción frente a lo que hay, pero si la persona va conduciendo a 80 kilómetros por hora en una zona 50 la multa debe ser plena”, afirmó.

Otro de los puntos que tendría impacto directo en los gastos de los conductores es la revisión de los cobros del RUNT y el SIMIT, además de otros trámites relacionados con licencias, exámenes médicos y registros.

Hidalgo considera que algunos cobros “no necesariamente están justificados” y que vale la pena revisar si existen duplicidades. Sin embargo, advierte que modificar estas tarifas también implica una discusión en el Congreso, especialmente porque parte de los mecanismos de financiación del SIMIT están establecidos legalmente.

La propuesta de reducir la frecuencia de la revisión técnico-mecánica también requiere un análisis diferenciado. Para los vehículos particulares podría espaciarse el trámite, pero no debería aplicarse la misma regla a un vehículo que recorre pocos kilómetros que a uno que pueda recorrer cientos diariamente.

“Por ejemplo, los vehículos de transporte público que recorren diariamente 300 o 400 kilómetros necesitan una revisión más frecuente, de manera que los vehículos que más circulan, están más expuestos a siniestros”, afirmó.

Algo similar ocurre con la propuesta de ampliar la vigencia de las licencias de conducción hasta ocho o diez años. Hidalgo considera que puede tener sentido para conductores jóvenes “Normalmente entre los 20 y los 40 años no hay cambios sustanciales. Entonces esta ampliación puede tener sentido cuando las personas son jóvenes pero para personas de mayor edad la licencia debería verificarse de manera más frecuente para evitar que personas que no tienen buena visión o que no tienen buena reacción generen riesgos en la vía”, explicó Hidalgo.

El mayor llamado de atención del experto está en las fotomultas. Aunque respalda eliminar las llamadas “cámaras trampa” utilizadas con fines de recaudo, advierte que no todas las cámaras cumplen esa función y que algunas pueden ser útiles para reducir la velocidad y los siniestros viales. Pone como ejemplo a Bogotá, donde, según explicó, estudios han mostrado efectos positivos en los puntos donde están instaladas.

“Los estudios en Bogotá indican que las cámaras han tenido un efecto positivo en reducción de siniestralidad. En los puntos donde las cámaras están funcionando. Si uno ve el promedio es 42 muertes al año y 1700 heridos en esos puntos donde están las cámaras no necesariamente en toda la ciudad”, explicó Hidalgo.

Por eso, considera que hacer demasiado difícil su utilización podría generar un efecto contrario al esperado: “Podemos terminar con menos cámaras y muchos más muertos, que sería lo peor”.

El reto del nuevo Código no es solamente hacer más barato tener un vehículo en Colombia. La reforma tendrá que demostrar que los alivios económicos pueden convivir con sanciones proporcionales, controles técnicos adecuados y herramientas efectivas para prevenir siniestros.

“Ojalá esto tenga beneficio en la mayoría de las personas, pero también tenga, y es lo más importante, impacto en siniestralidad”, concluyó.

/BLU RADIO