La Corte Constitucional activó la alarma legislativa sobre la violencia digital contra las mujeres, luego que la Sala Segunda de Revisión, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés, Héctor Alfonso Carvajal y Carlos Camargo, resolvió una acción de tutela con perspectiva de género y exhortó al Congreso a que, en la siguiente legislatura, se pronuncie sobre las consecuencias penales de la difusión no consentida de contenidos íntimos, al constatar que no existe un tipo penal que regule directamente esta conducta.
El caso llegó a la Corte por una tutela promovida por una mujer contra quien fuera su pareja, quien difundió en plataformas digitales contenido íntimo de ella sin su pleno consentimiento. Ambos habían acordado verbalmente crear material para redes sociales bajo la condición de que las producciones solo estuvieran disponibles fuera de Colombia. Sin embargo, él publicó los videos en plataformas de contenido para adultos, sin restringir el acceso en el país. Tras la denuncia, se comprometió a eliminarlos pero no cumplió.
La Corte advirtió que la difusión no consentida de imágenes íntimas “constituye una forma de violencia digital y sexual que cosifica a las mujeres, las reduce como objetos del mercado o del placer y desconoce su autonomía”.
Sobre esa base, reiteró que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y precisó los criterios que deben rodear su otorgamiento: información suficiente sobre los usos y fines de las imágenes, el alcance de su comercialización, las consecuencias personales, familiares, sociales o laborales que puedan derivarse y el término para ratificarlo.
La Sala ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborar, en un plazo de seis meses, una guía para prevenir esta práctica. Asimismo, reiteró al Consejo Superior de la Judicatura que, junto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, adopte un protocolo para el manejo del material probatorio sensible.
El fallo ordenó además a las plataformas donde se reprodujeron estos video intímos que cese su difusión, responder a los pedidos de eliminación de material similar por parte de alguno de los implicados y ajustar sus formatos de consentimiento para que no se repitan estas prácticas.
Así mismo, conminó al hombre protagonista de esta situación adelantar las gestiones para que se eliminara ese material de las páginas donde fue publicado el video y adelantar un proceso de eduación sobre “igualdad de género y violencia contra las mujeres”.
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