Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aceptó nuevamente su responsabilidad en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El pasado 26 de mayo, López ya había aceptado su responsabilidad, pero la jueza 17 penal de Bogotá con función de control de garantías le negó esa solicitud porque no le correspondía, por funciones, tomar una decisión.
Así que este lunes, ante otra juez, López volvió a aceptar cargos y dijo que su decisión no obedece a una estrategia judicial para librarse de la condena por los delitos que aceptó, sino a una decisión real de colaborar con la justicia. La decisión se conocerá el 7 de septiembre.
La aceptación de cargos es el último recurso de López con el que pretende buscar una reducción de su condena. Esto luego de que en dos oportunidades la justicia echó para abajo los preacuerdos a los que había llegado con la justicia.
En la última oportunidad, el Tribunal Superior de Bogotá fue el encargado de tomar esa decisión al detectar que el ente acusador cometió múltiples errores en el cálculo de las penas, no precisó la cantidad de delitos cometidos y permitió un manejo confuso sobre los montos de dinero que deben ser devueltos al Estado.
La magistrada ponente, Alma Gertrudis Chamat, señaló que en este proceso “no hay consenso respecto del número de peculados atribuidos al procesado y de su cuantía”. Mientras que el juez de primera instancia contó tres delitos de peculado (robo de dineros públicos), la Fiscalía se contradijo en varias audiencias mencionando a veces dos y otras veces tres eventos.
Esta falta de claridad fue determinante para frenar la negociación. El Tribunal explicó que “la cuantía del peculado por apropiación a favor propio se ha mantenido en $724.000.000, sin embargo, no sucede lo mismo con los delitos cometidos a favor de terceros”, donde el fiscal mencionó cifras tan distintas como $5.276 millones, $12.065 millones o $13.446 millones.
El exdirector de esa entidad es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, por su participación en el entramado de corrupción que direccionó contratos en la entidad.
López, según las pruebas en su contra, en su calidad de ordenador del gasto, favoreció a un contratista por un contrato con valor de $48.600 millones, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
A cambio, habría recibido $724 millones y permitido que terceros se apoderaran de $13.340 millones.
También es señalado de orientar un contrato en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los $29.000 millones, en el cual el contratista se habría apropiado de $11.114 millones.
BOGOTÁ (Colprensa).-