Son cinco los riesgos electorales en los que coinciden la MOE, la OEA y la ONU, de cara a las elecciones en Colombia. Estos van desde los ataques cibernéticos, la compra de votos, el uso indebido de los recursos públicos, la desinformación, y el más grave hasta la violencia e intimidación armada de los grupos al margen de la ley, que impacta significativamente, los derechos, la vida e integridad de los electores.
Esta última es la gran amenaza electoral. No por su efecto inmediato, sino por lo que podría significar para el futuro del país, donde el escalamiento sistemático de la violencia en el territorio busca, estratégicamente, perpetuar al Pacto Histórico en el poder, y claro, el modelo comunista que se avizora con su candidato a la Presidencia. Una especie de dictadura como la de Venezuela, ensamblada en el Estado, y muy comparable con las revoluciones China (1949), cubana (1959), vietnamita (1975) y nicaragüense (1979).
Los antecedentes son sintomáticos. Desde el Caguán (1998-2002) las Farc visualizaron la configuración de un gobierno de facto en la clandestinidad, el que tomó forma inmediatamente después, con la intención de derrocar al presidente Álvaro Uribe Vélez y su Política de Seguridad Democrática que los llevó, casi, a la derrota definitiva. Y para ello, con la asesoría de Álvaro Leyva, Piedad Córdoba y Carlos Lozano, conformaron cuatro planchas de líderes políticos y sociales a fin de organizar, lo que llamaron, “Los 12 apóstoles” que integrarían el gobierno de las Farc en el poder. Entre los nombres que encabezaban las listas estaban los entonces senadores Gustavo Petro e Iván Cepeda.
En las elecciones presidenciales de 2010, la Dijin y la FAC, en desarrollo de la operación República 155 ejecutada en la región del Naya (Buenaventura) contra el campamento de alias Mincho cabecilla del frente 30 de las Farc, hallaron varias USB con fotografías e información reveladora del Mosuep – Movimiento Social Unido Étnico y Popular, y del Partido Comunista Clandestino PC3-, en la cual se registran reuniones de Piedad Córdoba y el candidato presidencial para la época del Polo Democrático Gustavo Petro con integrantes de esta estructura guerrillera.
El objetivo era uno, y aún vive un testigo de excepción, el ucraniano infiltrado en las Farc Victor Tomnyuk, quien ratificó ante la justicia colombiana la validez del material probatorio hallado en el campamento de Mincho, su propósito era realizar proselitismo armado en el Pacífico a favor del candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, el mismo que, en esta región, en 2022 logró 2.5 millones de votos para su elección. Esta misma evidencia hizo parte del expediente disciplinario que culminó con la pérdida de investidura como senadora de Piedad Córdoba.
Lo pronosticaron las Farc en una de sus comunicaciones internas halladas en los computadores de “Raúl Reyes”. El Secretariado le temía a la llegada de Gustavo Petro al Polo Democrático porque significaría “enquistar a un Uribe” en la izquierda colombiana. Al final, y paradójicamente, Los Comunes, las disidencias, el Eln y hasta el Clan del Golfo, constriñeron el voto a favor del Pacto Histórico en el 19% del territorio en las elecciones del 2022.
La gran amenaza electoral busca desafiar nuestra historia republicana y democrática. La combinación de formas de lucha no ha desaparecido, se ahonda. El adoctrinamiento ilegal y el cogobierno se afianza. La expansión criminal, crece, al igual que el narcotráfico en las 5 zonas de despeje decretadas por el Gobierno. Y la presión armada en 126 municipios, se tradujo en el 54% de la votación en las recientes elecciones parlamentarias para el Pacto Histórico, privilegiando, además, el uso de tecnologías emergentes como los drones, que desde 2024 contabilizan 668 ataques con más de 294 víctimas. La situación es aún más compleja, si se tiene en cuenta, que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son 339 municipios en alto riesgo por el accionar de grupos al margen de la ley: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: cabecilla de las disidencias alias. Rogelio Benavides.
¿Se necesitarán entonces, más razones, para que las autoridades electorales decidan trasladar de inmediato 1200 puestos de votación a las cabeceras municipales? o permitirán que la falta de garantías electorales, denunciada por los candidatos de oposición y evidenciada en el incremento sustancial de la violencia, se conviertan en la plataforma perversa, para perpetuar la gran amenaza comunista del siglo XXI sobre la nación, y que mejor sofisma, que eternizar, la fallida Paz total.
*Exdirector de la Policía Fiscal Aduanera