El sistema de salud sigue en crisis
Es necesario que nos refiramos de nuevo al mal sistema de salud en vigor, cuyas modificaciones -propuestas por el Gobierno- han sido frustradas en el Congreso, que incumple su función legislativa por intereses políticos, creyendo que afecta al presidente de la República, cuando en realidad causa enorme daño a los derechos básicos de la colectividad.
Según el artículo 49 de la Constitución, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, al cual corresponde organizar, dirigir y reglamentar su prestación eficiente y oportuna a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
El Estado debe “establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control”. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
Recordemos una vez más que, según el artículo 334 de la Constitución, el Estado tiene que intervenir, por mandato de la ley, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir, en el plano nacional y territorial, “el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”.
La situación a la que se enfrenta la sociedad en materia de salud es, en la actualidad, verdaderamente grave. Lo han advertido la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Es inconcebible que las entidades prestadoras de servicios de salud acaparen y escondan los medicamentos requeridos por los pacientes y se los nieguen, en ostensible vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida. De ello dan cuenta numerosas sentencias de tutela y también lo ha verificado recientemente, de manera personal y directa, el actual Superintendente de Salud, Daniel Quintero, al visitar varios centros de distribución de medicamentos.
Está muy bien que el señor Superintendente haya emprendido esa actividad de vigilancia en la materia. Debe mantenerla e intensificarla, cumpliendo lo dispuesto de manera general en la Constitución Política y en el Decreto 1765 de 2019, según el cual corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, como función primordial, ejercer inspección, vigilancia y control integral respecto de los sujetos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De conformidad con lo enunciado por ese estatuto, la Superintendencia debe desempeñar de modo permanente sus atribuciones, para asegurar, en condiciones de igualdad y en todo el territorio, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector Salud.
Igualmente, la Superintendencia tiene a cargo la función de inspeccionar, vigilar y controlar la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por tanto -como lo estipula el Decreto, compete a la Superintendencia “inspeccionar, vigilar y controlar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en los diferentes planes de beneficios”.
Y el Congreso tiene que reformar el pésimo sistema vigente.
*Exmagistrado*profesor universitario