La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a un juez penal especializado de Valledupar por presuntas demoras en el trámite de un proceso judicial que terminó impactando la condena contra el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias ‘Jorge 40’.
La decisión del alto tribunal se produce tras evidenciar que el expediente relacionado con la masacre de Media Luna, ocurrida el 27 de octubre de 1996 en el municipio de San Diego, Cesar, permaneció cerca de cinco años sin ser remitido oportunamente al Tribunal Superior de Valledupar, lo que habría generado consecuencias jurídicas determinantes.
En ese episodio violento, siete personas fueron asesinadas y otras cuatro desaparecidas durante celebraciones patronales, en hechos atribuidos a estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso. Las víctimas fueron señaladas en su momento como presuntos colaboradores de la guerrilla de las FARC.
Al revisar el caso, la Corte concluyó que la dilación en el traslado del proceso permitió que la defensa del exparamilitar solicitara la prescripción del delito de homicidio. El argumento fue acogido parcialmente, lo que derivó en la modificación de la sentencia inicial emitida en agosto de 2020.
Como resultado, la pena fue ajustada a 35 años de prisión, limitando la responsabilidad penal de Tovar Pupo al delito de desaparición forzada, mientras que el cargo por homicidio quedó sin efecto por vencimiento de términos.
El alto tribunal advirtió que la sentencia solo fue enviada al tribunal competente en junio de 2025, lo que configuró un escenario favorable para la prescripción. Por ello, compulsó copias para que se determine si hubo faltas disciplinarias o incluso responsabilidades penales por parte de funcionarios judiciales involucrados en la gestión del expediente.